La columna de Horacio Lachman.
La guerra en Medio Oriente, de decisiva importancia en la marcha de la economía global (y argentina, en particular), culmina esta semana su segundo mes de duración. Lo grave no es que se hayan excedido los plazos de días o semanas que se estimaban en un comienzo: lo serio es que, cada vez más, se advierte que se está frente a un conflicto prolongado cuyo fin no se avizora.
El impacto de la guerra en la economía global
Las negociaciones de paz están estancadas. Las muertes en el Líbano siguen en aumento. Las potencias beligerantes continúan acumulando armas y tropas en la región y se acelera la carrera armamentista en el mundo. Todo eso crea condiciones muy desfavorables para la economía global. Por otra parte, el estrecho de Ormuz, de vital importancia para el comercio mundial, continúa bloqueado, dando lugar a precios del petróleo 50% superiores a los existentes antes del conflicto y una crítica escasez de fertilizantes.
Argentina
En ese escenario, Argentina está relativamente favorecida. Está lejos de las zonas en guerra, es exportador de petróleo, su producción de hidrocarburos está en rápida expansión y no le urge, como al hemisferio norte, el empleo de fertilizantes. Hoy se ve favorecida con una gran cosecha a precios internacionales en ascenso. De esta forma, el sector externo local se ve fortalecido.
Las fuertes tensiones que hoy afectan nuestra economía no derivan de la situación monetaria y fiscal, que el gobierno está manejando aunque con dificultades. Tampoco del estrangulamiento externo, que limita tradicionalmente nuestras posibilidades de crecimiento. Lo que se advierte es un proceso de caída de la industria y el comercio junto a magros niveles de construcción con un fuerte impacto negativo sobre el empleo. La suba de precios de la energía y, en menor medida, de los alimentos, asociada a la situación internacional, deriva en riesgos políticos incluso cuando el gobierno ganó los comicios pocos meses atrás.
Día a día los indicadores oficiales y privados muestran un deterioro de la actividad que el gobierno no atiende, porque teme que, de hacerlo, ponga en peligro el ajuste externo y fiscal.
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