En La Plata, un joven puso en venta su moto y, al coordinar un encuentro con un comprador interesado, este se subió para probarla y se la llevó. La víctima denunció el hecho al seguro, pero -ante la negativa de la compañía a pagarle- decidió llevar el caso a la Justicia, informaron en el portal TN
Robo
Al momento del robo, en mayo de 2025, el dueño tenía 22 años y publicó su moto en una plataforma digital. A través de la página, una persona se contactó porque estaba interesada en comprarla y acordaron encontrarse para concretar la operación.
Sin embargo, antes de cerrar la compra, el interesado le pidió probar brevemente la moto y, ante la respuesta afirmativa del dueño, se subió y se alejó del lugar. Ante esta situación, el joven decidió informarle al seguro para cobrar el monto correspondiente.
Aseguradora
Al realizar la denuncia penal y notificar a la aseguradora, la compañía le comunicó, mediante una carta documento, que rechazaba el pedido y no le abonaría el monto correspondiente.
La justificación de la empresa fue que la póliza excluía los casos en los que una persona autorizada a utilizar el vehículo se apropiara de él o, de manera intencional, no lo devolviera.
Como no recibió el dinero que esperaba, el joven inició una demanda contra la compañía ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 14 de La Plata, en la que reclamó más de 15 millones de pesos por el valor de reposición, daño moral, daño punitivo y privación de uso, detallaron desde TN.
Justicia
Tras analizar las pruebas, el tribunal determinó que el episodio no calificaba como un robo o hurto, sino que se trataba de una estafa. De acuerdo con el fallo, al haber entregado voluntariamente las llaves y la moto, el hecho no encuadraba dentro de esas figuras. Como si fuera poco, el tribunal remarcó que la exclusión incluida en la póliza era clara y que el joven no había tomado medidas mínimas de seguridad, como pedir una identificación o contar con testigos durante la prueba del vehículo.
Por esta razón, rechazó la demanda contra la aseguradora y determinó que el propietario debía afrontar las costas del proceso judicial.
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