Los indicadores del nivel de actividad hasta julio, antes de las PASO, ponían en evidencia que la economía estaba lejos de una recuperación. La recesión había reducido su ritmo pero el país estaba por debajo de los magros niveles de actividad de 2018. La capacidad ocupada en la industria venía cayendo en los últimos meses y mostraba también una fuerte caída interanual.
O sea que el plan electoral que puso en marcha el gobierno luego de la corrida cambiaria de marzo abril estaba fracasando pese a sus magros objetivos. Y se anticipaba un salto inflacionario y recesivo cuando pasada las elecciones, fuera necesario actualizar las tarifas, descomprimir el mercado cambiario y se agotaran los recursos del FMI.
A nadie que conociera la coyuntura podía sorprenderle una nueva corrida cambiaria antes de fin de año y aun en medio del proceso electoral. El gobierno reacciona a la reciente corrida atrincherándose en la defensa de un dólar un 25% más caro y dictando un nuevo paquete electoral para contener el derrumbe, esta vez con instrumentos como el congelamiento de precios, la reducción de impuestos, el default de la deuda de corto plazo y el control de cambios. Todo ello cuando se está bajando un nuevo escalón en el derrumbe de la economía.
Todo resulta precario a partir del pronunciado desequilibrio de las variables macroeconómicas que montó el gobierno. Lejos de construir pilares, destruyó los pocos que había dejado en pie el gobierno anterior.
En estos días, en el exterior, las calificadoras de riesgo y los grandes bancos de inversión señalan claramente que el país enfrenta un peligro cierto de entrar en insolvencia.
También el país perdió la confianza del FMI. El Fondo ni siquiera definió cuándo va a mandar la misión que deberá evaluar el cumplimento de las metas a junio, para disponer el nuevo tramo del crédito de 5.400 millones de dólares, que la mayoría de los economistas consideran absolutamente necesario, aunque no suficiente, para evitar la cesación de pagos. Recién cuando disponga el envío de la misión, la lleve adelante, elabore su informe y lo eleve al directorio del FMI, se habrán cumplido los pasos necesarios poder concretar la remesa. De esa forma, en el mejor de los casos, el giro podría concretarse a mediados de octubre. Pero es muy difícil que ello pueda ocurrir.
En función de su plan económico electoral, el gobierno tiró por la borda el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, y además se desbordaron las proyecciones de inflación y se profundizó la recesión. Argentina tenía un programa con el FMI para evitar el default. Ahora necesita un plan para salir del default.
Por eso no va a haber ninguna transferencia de recursos hasta negociar un nuevo plan con el nuevo gobierno. El que firmó el actual gobierno, a pesar de todos los parches que se le hicieron, perdió toda vigencia y fue un absoluto fracaso.
En este dramático escenario, algunos pretenden ver un alivio en la “tregua” que están dando los mercados. Es una visión equivocada.
Se parte de precios de los activos argentinos -bonos y acciones- que en lo que va del año perdieron la mitad del deprimido valor que tenían, de forma que ya son precios de default. El dólar está contenido con un control de cambios que, aunque precario, tardío e insuficiente, ayuda en el corto plazo. Pero la dolarización de las carteras sigue y la corrida cambiaria transita por otros carriles. Ahora el camino para hacerlo en blanco es el contado con liquidación, donde la cotización del dólar es superior a los 70 pesos y muestra una clara tendencia alcista. Es el dólar al que remesan sus excedentes las empresas y, por ende, van a adecuar sus precios a ese dólar, lo que implica que la presión inflacionaria y devaluatoria continúa.
