En función del Decreto 54/2017 sobre riesgos del trabajo publicado ayer en el Boletín Oficial, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señala lo siguiente:
– El texto dictado, más allá de la forma jurídica (que sea DNU o Ley), entendemos que refleja el acuerdo de un vasto número de actores sociales: empleadores, trabajadores, provincias, legisladores, y sectores de la Justicia, entre otros. A las aseguradoras nos corresponde el rol de cumplirlo y llevarlo adelante. En este sentido, una vez más estaremos a la altura de las circunstancias que una reforma de este tipo implica.
– Esta reforma es el reflejo de la convicción que mostraron los sectores empresariales, sindicales, sociales, judiciales y de gobierno para preservar al sistema de riesgos del trabajo de la gravísima amenaza que constituye la exacerbación de la litigiosidad: 127 mil nuevas demandas en 2016, un 20% más que en el año anterior, con una importante aceleración en Ciudad de Buenos Aires en el último cuatrimestre. Por considerar sólo diciembre de 2016, entraron en Ciudad de Buenos Aires un 45% más de juicios que en diciembre de 2015.
– Es un problema sobre el cual veníamos alertando desde hace tiempo.
– Esta aceleración no guarda relación con la baja en los accidentes y fallecimientos, ni con el aumento en las actividades de prevención, ni con las mejoras prestacionales, ni con los servicios incorporados.
– Respecto del texto, todo lo que hace al procedimiento para homologar y determinar incapacidades incluyó: procedimiento administrativo previo, calidad de cosa juzgada, honorarios de peritos en función del trabajo realizado, utilización obligatoria del Baremo, y efecto suspensivo. Lo que los abogados y técnicos en la temática preveían en materia de procedimiento como necesario, está atendido.
– Se incluyeron, además, otras cuestiones a requisito y con acuerdo de empleadores y trabajadores, provincias y legisladores, que a nosotros como aseguradores nos corresponde llevar adelante y eso haremos. Por ejemplo, el aumento más que importante en las indemnizaciones y los honorarios de los abogados a cargo de las ART conforme lo establezca la reglamentación, entre otros temas.
– Ahora queda la fase instrumental, en la cual son clave la aprobación de las provincias y el rol de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el funcionamiento de las Comisiones Médicas y en el dictado de la reglamentación.
– Este año será un año de transición. Seguramente haya planteos judiciales. La palabra final la tendrá la Justicia.
