En la siguiente columna, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierten que los juicios por riesgos del trabajo crecieron casi un 7% durante el año pasado. Asimismo, la entidad informa que Santa Fe fue la jurisdicción de mayor aumento porcentual con respecto a 2023, incrementando en un 21,5% la cantidad de litigios.
De acuerdo con los datos elaborados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por riesgos del trabajo. Sólo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país. La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el sistema de riesgos del trabajo. Desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del sistema.
En 2023, las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde la UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo se alertó acerca de esta distorsión, 2024 adicionó 6,8%, sumando casi 8.500 demandas más.
Ranking de demandas por provincia
En orden de participación, la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3.584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue del 4,5%. La sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 22.946 litigios en el año.
El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año (1.137 sólo en diciembre) y un incremento anual explosivo del 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual del 4,2%. La escolta en el podio de las cinco grandes Mendoza con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento del 18%.
Causas
Según el análisis de UART, estos números -que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador- se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la ley 27.348 y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en CABA en crear los cuerpos médicos forenses en ellas. Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales, muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las comisiones médicas del sistema. Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la ley nacional 27.348 determinó quince días hábiles, lapso que rige en CABA.
Estos ocho años de retraso en adecuarse a lo exigido por ley y completar la reforma generaron un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida.
Soluciones
Resulta urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, constituyendo, tal como lo prevé claramente la ley:
– Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.
– Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.
– Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.
Costo estructural
Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este “costo judicial argentino” que se convirtió en un costo estructural, denunciado ya por todos los actores de nuestra economía. Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo.
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