Ya en el último trimestre del año, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que las demandas por accidentes laborales o enfermedades profesionales aumentarán un 6% respecto del año precedente. Efectivamente, crecerán de 117 mil a 124 mil.
Por eso, la UART alza nuevamente su voz al respecto y se suma a representativas organizaciones empresarias y líderes de opinión, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quienes alertaron por la judicialidad en el fuero laboral. También lo expresó el escuchado economista Ricardo Arriazu en la reciente Cumbre Aseguradora Argentina.
La paradoja
Se vuelve a poner énfasis en la contradicción que atraviesa el sistema de riesgos del trabajo: menos accidentes (-49%); caída de los fallecimientos (-78%); y atención inmediata, integral y de calidad con indemnizaciones actualizadas en línea con los salarios, pero los reclamos judiciales no dejan de crecer.
Juicios por provincia
La estimación para el año en curso es de 124 mil nuevas demandas. Las jurisdicciones que encabezan el ranking de de juicios son Buenos Aires (PBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe. PBA se llevó el 41% de las notificaciones de septiembre, seguida por CABA (16%) y Santa Fe (13%). Esta última es la que presenta la mayor variación en el acumulado anual (29%), respecto del año anterior.
En el período enero/septiembre, cada una de ellas registró números alarmantes: Buenos Aires, 38.072 nuevas causas; CABA, 17.013; y Santa Fe 12.466. En el total del país, en los nueve primeros meses, fueron 94.102 las demandas iniciadas.
El mundo
Para dar una dimensión de la distorsión, basta comparar con lo que ocurre en otros países con un número semejante de siniestros sobre la población cubierta. Con similar accidentabilidad, la Argentina presenta casi trece veces la judicialidad de España y 21 veces la de Chile.
Claramente, un enorme problema que afecta la competitividad, detiene la generación y registración del empleo y retrasa el desarrollo económico.
La solución: los cuerpos médicos forenses (CMF)
No hay que descubrir la pólvora, la receta ya está escrita. Simplemente, requiere hacer lo que marca la citada ley en su artículo 2.
– Llamar a concurso de antecedentes para conformar los cuerpos médicos forenses con profesionales especializados, y no como es ahora, por simple anotación en un listado.
– Que esos profesionales cobren sueldo u honorarios por acto médico y no atado al resultado del juicio que, a su vez, está atado al valor de la pericia que ellos mismos determinan.
– Que utilicen adecuadamente el Baremo (tabla de medición de incapacidades) y el Listado de Enfermedades que forman en un todo parte de la ley.
Instrumentación
En el caso de demandas judiciales por accidentes laborales, la instrumentación de esta mejora en el procedimiento pericial depende pura y exclusivamente de la Justicia en las provincias que adhirieron a la ley 27.348/17 a través de sus respectivos máximos tribunales y, en CABA, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todas ellas deben constituir los cuerpos médicos forenses (CMF).
Mendoza es la única provincia que lo hizo recientemente y los resultados están generando interesantes expectativas. En el resto, los juicios continúan creciendo.
Si efectivamente se modernizara y optimizara el sistema pericial según indica la ley, se cerraría la brecha que estimula a litigar. ¿Por qué? El procedimiento administrativo y el judicial medirían con la misma vara y desaparecería el incentivo a iniciar una demanda para obtener el mismo resultado, mucho más demorado y con el costo adicional de honorarios de los intermediarios.
Crecimiento
Corregir esta grave distorsión es vital para la economía y la sociedad argentina que tanto necesita recuperar empleos de calidad y erradicar la pobreza. Está claro y ya se dijo de mil maneras: resolviendo este oneroso desvío, se contribuiría a generar más puestos de trabajo. De hecho, los actuales 10,2 millones de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo podrían duplicarse si se incluyeran a los independientes (autónomos y monotributistas) desocupados y trabajadores no formales, dándoles acceso a todos los derechos y servicios. En el mientras tanto, los daños de la exacerbada judicialidad conspiran contra el crecimiento del empleo, el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de la comunidad.
Columna elaborada desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
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