El sistema de riesgos del trabajo cumplió 30 años y, en ese tiempo, la mortalidad en el ámbito laboral cayó un 79%. Sin embargo, en la siguiente columna, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierten que la alta judicialidad jaquea al sistema. La litigiosidad es 23 veces la de Chile y 16 veces la de España, y el stock acumulado supera los 327 mil juicios.
Al cumplirse tres décadas de la puesta en marcha del sistema de riesgos del trabajo (1996-2026), la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) presentó un balance que resume el impacto social y económico de una de las coberturas más amplias del país.
Los números demuestran un avance histórico en materia de prevención, salud y seguridad laboral, aunque el sector enfrenta un severo desafío de sostenibilidad debido al persistente aumento de la litigiosidad.
Prevención y cuidado de la vida: hitos positivos del sistema
En estos 30 años, el sistema consolidó una protección que hoy alcanza a 10,2 millones de trabajadores cubiertos y un millón de empleadores asegurados en todo el país.
Entre los logros más destacados en materia de salud y seguridad laboral se encuentran:
– Siniestralidad en descenso. Gracias a la mejora en los estándares de seguridad, se evitaron 5,1 millones de accidentes de trabajo. El índice de fallecimientos en ocasión del trabajo experimentó una histórica reducción del 79%, mientras que el índice de incidencia de accidentes en ocasión del trabajo bajó un 54%.
– Vidas salvadas. Como consecuencia directa de esta caída en la mortalidad, el sistema logró salvar 20 mil vidas en estos 30 años.
– Secuelas de menor gravedad. El nivel de incapacidad promedio de los siniestros disminuyó un 29% en los últimos quince años.
– Inclusión social. Se incorporaron al sistema de cobertura 550 mil trabajadores de casas particulares.
– Retorno al mercado laboral. El 64% de los trabajadores que reciben recalificación laboral logran re-insertarse activamente en sus puestos o en nuevas tareas.
– Respuesta ante emergencias. Durante la pandemia, el sistema cubrió un total de 550 mil casos de COVID-19.
Cobertura asistencial y solidez prestacional
A través de las 23 ART y mutuales operativas en la actualidad, el sistema despliega un fuerte andamiaje prestacional y preventivo:
– Se atendieron 16,1 millones de siniestros en 30 años.
– Se brindan 14,1 millones de prestaciones asistenciales por año.
– Se realizan 800 mil visitas anuales de prevención a empresas y más de 74 mil personas participaron activamente del Programa Prevenir.
– En materia indemnizatoria, la actualización es automática por RIPTE con un plazo de pago de quince días.
– Actualmente, en caso de fallecimiento, el piso prestacional es de 97 millones de pesos, con un adicional del 20% por daño moral en caso de corresponder y, además, un pago único 65 millones de pesos en prestaciones adicionales de pago único. Dichos valores se ajustan proporcionalmente para las incapacidades graves.
El gran desafío: la judicialidad como principal amenaza
A pesar de las destacadas mejoras en salud y seguridad laboral como a nivel prestacional, la litigiosidad en la Argentina es exorbitante y sin correlato con la baja real de los accidentes.
– Litigiosidad récord: se registra un acumulado histórico de 1,6 millones de juicios ingresados, con un stock activo de 327 mil demandas en trámite.
– Indice alarmante: existen 132,9 juicios por cada 10 mil trabajadores en el país.
– Asimetría internacional. La judicialidad argentina es 23 veces la de Chile y 16 veces la de España.
– Distorsión del sistema. El 87% de los juicios ingresados corresponden a casos donde las comisiones médicas determinaron que no existía incapacidad. Sin embargo, en el ámbito judicial se promedian +14 puntos de incapacidad adicional respecto a las evaluaciones médicas oficiales.
Pilar fundamental
A 30 años de su creación, el sistema de riesgos del trabajo demostró ser un pilar fundamental para el cuidado de la salud laboral. El camino hacia adelante requiere transformar el escenario actual de alta litigiosidad en un modelo de previsibilidad.
Al consolidar y aplicar correctamente la ley 27.348, el sistema cumpliría su fin último: volcar sus recursos plenamente a la prevención, asistencia y reparación y menores costos, fortaleciendo así la sostenibilidad y el desarrollo productivo del país.



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