Todo Riesgo conversó con Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics. El ejecutivo participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que tuvo recientemente lugar en la ciudad brasileña de Belén. Asimismo, el mes pasado, Mapfre Economics también dio a conocer su informe “Cambio climático, riesgos extraordinarios y políticas públicas”.

– Respecto de España y Latinoamérica, ¿se puede estimar el monto de la siniestralidad asociada al cambio climático y su evolución en los últimos años? ¿Siguen el mismo ritmo que a nivel global?

– En Latinoamérica y el Caribe entre 2015 y 2024, las catástrofes naturales generaron pérdidas económicas del orden de 100 mil millones de dólares, de las cuales sólo alrededor de 19 mil millones estaban aseguradas, lo que implica una brecha de protección cercana al 81%, significativamente superior a la media global y a la de Norteamérica. No todas estas pérdidas están asociadas al cambio climático, pero con la información disponible que facilitan las grandes reaseguradoras como Swiss Re y los brokers especializados en este tipo de riesgos, usando series largas, en torno al 80%, de media, tendrían su origen en fenómenos meteorológicos extremos. Aunque las pérdidas pueden variar en gran medida cada año, sí se aprecia una tendencia de fondo a su crecimiento, especialmente en los denominados eventos secundarios, no tan intensos como los huracanes, pero que causan grandes daños, en línea con la tendencia al calentamiento global terrestre y de los océanos. Latinoamérica y el Caribe mantienen un ritmo de aumento similar al global en términos relativos, pero con una protección aseguradora menor.

Para España no disponemos de una cifra concreta ya que está integrada con la información de la Unión Europea (UE) facilitada por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, donde se subraya que las pérdidas climáticas (inundaciones, tormentas y olas de calor/incendios) crecieron con rapidez y, sin embargo, únicamente alrededor de una cuarta parte de las pérdidas económicas totales están cubiertas por seguros en la UE, con Estados en los que la tasa de aseguramiento de catástrofes naturales no llega al 5%. En España, con la información facilitada por ese organismo, esta brecha se estima que puede estar en torno al 50%, teniendo en cuenta que esas pérdidas se computan daños en infraestructuras públicas que no suelen estar aseguradas. En este caso, la brecha es menor gracias a la cobertura que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

España

– ¿Cuál fue el impacto económico de la Dana y de los incendios forestales en España? ¿En qué proporción los daños deben atribuirse en esos casos al cambio climático y que parte a errores humanos?

– No se sabe con exactitud el impacto económico de la DANA en España o de todos los incendios forestales españoles. Sin embargo, en el caso de la DANA, que afectó al levante español en la segunda mitad de 2024, las últimas estimaciones apuntan a 224 fallecidos y unos daños económicos valorados que podrían superar los 17 mil millones de euros, ejemplo paradigmático de evento meteorológico extremo en Europa meridional que combina lluvias torrenciales, inundaciones súbitas y deslizamientos de terreno sobre zonas altamente urbanizadas.

En cuanto a incendios forestales, aunque no se puedan cuantificar con exactitud, es de destacar que las olas de calor asociadas al cambio climático incrementan la severidad y duración de los incendios en regiones mediterráneas, entre otros. Ahora bien, las pérdidas no se explican solo por el cambio climático: el crecimiento demográfico y económico en áreas expuestas, la urbanización en llanuras de inundación sin infraestructuras adecuadas, la ocupación del litoral, las deficiencias en la ordenación del territorio, la falta de mantenimiento de infraestructuras de drenaje o de gestión forestal y el escaso desarrollo de sistema de alertas temprana, entre otros, son factores clave que multiplican el daño cuando se produce un episodio extremo.

En Hispanoamérica, el mayor daño parece asociado a los huracanes provocados por el calentamiento de las aguas en el Caribe.

En la Argentina, son cada vez más frecuentes los incendios e inundaciones.

Prevención y protección

– ¿Se pueden tomar medidas de prevención y control de daños? ¿Cuál es el grado de protección en Miami y cual en Latinoamérica y la Argentina?

– Existen amplias posibilidades de prevención y control de daños frente a estos fenómenos, destacando la ordenación del territorio (evitar construir en zonas de alto riesgo de inundación o erosión costera), la adopción de códigos de edificación resilientes a vientos extremos y lluvias intensas, la inversión en infraestructuras (diques, drenaje urbano, restauración de humedales…), sistemas de alerta temprana y centros de datos de riesgo que permitan mapear con precisión los peligros y su traducción en pérdidas, elementos todos ellos que pueden ser apoyados desde la política pública y reforzados en ocasiones mediante señales de precios en el seguro.

En términos de protección financiera, en Estados Unidos existe un amplio mercado asegurador privado complementado por mecanismos públicos como el National Flood Insurance Program (NFIP) y por mercados residuales (FAIR Plans, Beach and Windstorm Plans y compañías estatales como Florida Citizens), que actúan como aseguradores de último recurso para propietarios situados en zonas de alto riesgo donde el seguro privado resulta muy caro o directamente inaccesible; esto se traduce, especialmente en la costa atlántica y del Golfo (donde se sitúa Miami), en niveles de protección aseguradora sensiblemente superiores a los de la media mundial, con una brecha del 43,2% en América del Norte, aunque con tensiones de asequibilidad crecientes. Por el contrario, para Latinoamérica y el Caribe, la brecha de protección media es del 81%.

Seguro

– ¿Qué respuestas puede aportar el seguro y cuáles el Estado?

– El seguro y el Estado pueden aportar respuestas complementarias frente al cambio climático y los riesgos extraordinarios. Las aseguradoras privadas contribuyen fundamentalmente a través de la suscripción y tarificación de riesgos, la gestión profesional de siniestros, la acumulación y diversificación de carteras, la oferta de productos innovadores (como seguros paramétricos o coberturas complementarias) y la canalización de ahorro a inversiones resilientes desde sus carteras financieras. Por su parte, el Estado puede intervenir como asegurador de último recurso, como garante de la solvencia del sistema, como diseñador de marcos regulatorios y como financiador de infraestructuras y medidas de adaptación.

Existen buenos ejemplos de esquemas público-privados. En España, el CCS y Agroseguro constituyen un modelo en el que la cobertura de riesgos extraordinarios y agrarios se articula a través de pólizas privadas obligatoriamente recargadas, pools de coaseguro, subvenciones públicas a las primas y un reasegurador público que actúa ante excesos de siniestralidad. En Francia, el sistema Cat Nat introduce un recargo uniforme sobre las pólizas de daños para financiar una garantía estatal ilimitada para desastres naturales. Asimismo, en Estados Unidos, el NFIP y los mercados residuales (FAIR, Beach & Windstorm, Florida Citizens, etc.) proporcionan cobertura allí donde el mercado privado es insuficiente, combinando tarifas reguladas y reaseguro. A nivel regional, mecanismos como el CCRIF en el Caribe o la ARC en Africa permiten a los Estados adquirir seguros paramétricos soberanos para disponer de liquidez inmediata tras catástrofes.

El equilibrio óptimo pasa por una distribución clara de responsabilidades: el seguro privado debe asumir el papel central en la cobertura de riesgos frecuentes y técnicamente asegurables, mientras que el Estado debe concentrarse en la prevención, en la corrección de fallos de mercado (brechas de protección, asimetrías de información, externalidades) y en la cobertura de eventos verdaderamente extremos que exceden la capacidad del sistema, pero evitando que su intervención desaliente la contratación de seguros o distorsione en exceso la señal de precios del riesgo.

Cambio climático

– La tendencia del cambio climático que vivimos hoy, ¿puede conducirnos pronto a una crisis sistémica?

– Estos eventos en ocasiones son de tal magnitud que sí podrían desencadenar una crisis sistémica, pero si esto va a ocurrir y si va a ser pronto no se puede saber. El sector asegurador y reasegurador está “doblemente expuesto” a los riesgos físicos (por el lado de los siniestros) y a los de transición y responsabilidad (por el lado de las inversiones y litigios). El incremento de la frecuencia y severidad de catástrofes naturales puede afectar simultáneamente a la solvencia de las entidades, al valor de sus carteras y a su liquidez, generando riesgos que van más allá del sector y pueden propagarse al conjunto del sistema financiero.

Además, los efectos de los eventos climáticos tienden cada vez más a materializarse en forma de episodios múltiples o en cascada (sequías prolongadas seguidas de incendios y posteriores inundaciones, olas de calor combinadas con picos de demanda eléctrica y fallos de infraestructuras, etc.), lo que aumenta su potencial de generar pérdidas simultáneas en múltiples jurisdicciones y líneas de negocio.

En síntesis, no se puede afirmar que una crisis sistémica sea inevitable a corto plazo, pero sí que el escenario de intensificación del cambio climático, combinado con brechas de protección elevadas y un posible aumento de la “inasegurabilidad” de ciertos riesgos, constituye una amenaza real para la estabilidad financiera si no se robustecen los mecanismos de prevención, aseguramiento y transferencia de riesgos.

Costos

– ¿Cuál es la incidencia de estos fenómenos en los costos del seguro y el reaseguro?

– La tendencia al alza de las pérdidas por catástrofes naturales -en particular, inundaciones, tormentas severas, olas de calor e incendios forestales- y la ampliación de la brecha de protección obligan a una revisión al alza de primas, franquicias y requisitos de capital, y en algunos segmentos plantean el riesgo de que la cobertura acabe siendo “inasequible” para ciertos asegurados o “inasegurable” desde el punto de vista técnico-actuarial. En el mercado de reaseguro, puede derivar en un endurecimiento de condiciones (precios más altos, mayores retenciones, cobertura más selectiva) lo que suele suceder tras eventos de gran magnitud o el incremento de incendios forestales, así como en una creciente cesión de riesgos catastróficos a reaseguradores y a vehículos alternativos.

La presión sobre los márgenes técnicos se combina con mayores exigencias regulatorias y con la necesidad de invertir en modelos de riesgo más sofisticados y en datos de alta calidad, lo que incrementa los costes operativos, particularmente para las aseguradoras de menor tamaño. Para aliviar parcialmente esta presión, el sector está recurriendo de forma creciente a los bonos catastróficos y otras Insurance-Linked Securities. En 2024, las nuevas emisiones de cat bonds alcanzaron 17.700 millones de dólares, con un saldo vivo de 49.500 millones, permitiendo a las aseguradoras y reaseguradoras liberar capacidad y contener, en parte, los aumentos de precios en el mercado tradicional aunque todavía es un mercado incipiente.

Reaseguros

– La magnitud de estos siniestros, ¿puede obligar a una concentración del reaseguro para poder afrontar los grandes siniestros?

– El mercado del reaseguro está ya de por sí altamente concentrado, pero también en proceso de diversificación de fuentes de capacidad. La actividad reaseguradora exige grandes economías de escala, elevados recursos de capital, sofisticación técnica y capacidad de diversificación internacional, lo que explica que esté dominada por un conjunto reducido de grandes grupos multinacionales (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Berkshire Hathaway Re, SCOR y Mapfre RE, entre otros) y por centros globales como Bermudas y Estados Unidos, que concentran casi la mitad de las primas brutas de reaseguro del mundo.

Pero sí, la creciente magnitud de los siniestros climáticos refuerza la necesidad de contar con grandes reaseguradoras globales y con acceso a los mercados de capitales, por lo que favorece cierto grado de concentración, pero al mismo tiempo impulsa mecanismos (retrocesión, cat bonds, pools regionales) que expanden la capacidad total del sistema y distribuyen el riesgo. Así, la respuesta no pasa tanto por concentrar aún más el reaseguro como por ampliar y diversificar la base de capital que respalda estos riesgos extraordinarios.

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