Según trascendió de la reunión del gabinete nacional celebrada el martes 17 de enero, el Gobierno dictará un decreto de necesidad y urgencia para establecer las reformas al sistema de riesgos del trabajo sobre la base del proyecto aprobado por el Senado de la Nación. Pese a que necesita la firma de todo el gabinete, se estima que el decreto se daría a conocer la semana que viene.
De esta manera, el Gobierno muestra una muy firme decisión de dar respuesta al crecimiento de la litigiosidad, que en diciembre último habría marcado un nuevo récord con un incremento del 45% interanual.
Al elegir esta vía, el Gobierno evita, además, convocar a sesiones extraordinarias en febrero teniendo en cuenta que, al tratarse de un año electoral, podría haber dificultades en la negociación entre los bloques de la Cámara de Diputados.
Recordemos que tras la media sanción del Senado de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) había enumerado las ventajas del proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo:
– Asegura un trámite administrativo a través de las comisiones médicas, que es la instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente. Todo el procedimiento es gratuito para el trabajador con garantía de debido proceso, la asistencia de un abogado y en un plazo razonable de 60 días.
– Crea un sistema de homologación para verificar que las indemnizaciones acordadas con las ART no resulten inferiores a las establecidas en la ley y garantizar el cobro inmediato.
– Establece que un trabajador no registrado y sin cobertura de una ART o de un autoseguro no está obligado a pasar por una comisión médica en caso de accidente.
– Incorpora a empleados públicos, provinciales, municipales y comunales, hoy fuera del sistema, a través del Autoseguro Público Provincial. De este modo, favorece la cobertura para casi un millón de trabajadores públicos.
– Permite ampliar el período de incapacidad laboral transitoria hasta dos años para favorecer la rehabilitación y la reincorporación del trabajador.
– Modifica el cálculo del ingreso base para evitar el deterioro de las indemnizaciones. Así, al calcular el promedio de las remuneraciones del último año anterior a la primera manifestación invalidante, se ajusta el valor de cada remuneración mensual según el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Además, se aplica un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
– Se establece un mecanismo de compensación automática para que las obras sociales que atienden contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo recuperen el gasto que le correspondería a la ART contratada.
– Se compromete a la SRT a presentar al Comité Consultivo Permanente, en un plazo de tres meses, un anteproyecto de ley de prevención de acuerdo con las prácticas internacionales, previendo un tratamiento específico para cada actividad en los convenios colectivos de trabajo.
