La reacción del mercado frente a los recientes vencimientos de deuda, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, pone en evidencia los escollos que enfrenta la Argentina para encarar una renegociación de la deuda externa.
Las altas tasas de riesgo país reflejan que los tenedores de bonos argentinos descuentan una importante pérdida, es decir, una quita y una prórroga con rendimientos bajos ante el riesgo que se asume. Sin embargo, frente a los vencimientos que se están produciendo, no aceptan una prórroga del pago siquiera por unos meses.
Las razones están a la vista. La Argentina no formuló un programa claro de cómo va generar en el futuro capacidad de repago. No explicó qué va a hacer con los gastos ni cómo va mejorar los ingresos fiscales a través del crecimiento para poder pagar en un futuro. Tampoco avanzó en la formulación de un presupuesto para 2020 y, desde ya, se carece de un presupuesto plurianual. Lo más grave es que al no hacerse público cuáles son los mecanismos para generar capacidad de pago y sin llevar al Congreso un proyecto de presupuesto (con la excusa de que el presupuesto depende de lo que se acuerdo con los acreedores) está en duda el apoyo político que tendrá la estrategia del Poder Ejecutivo.
El hecho de que en breve se defina qué pasará con las jubilaciones es positivo. Pero la paritaria con los maestros y los sueldos en el Gobierno Nacional y las provincias siguen siendo grandes interrogantes. El plan de obras públicas y la lucha contra la pobreza también son factores que pueden mover la aguja del gasto. En cuanto a los ingresos, puede proyectarse la recaudación prevista incorporando los nuevos impuestos. Pero lo fundamental es cómo se proyecta el aumento de la recaudación a partir del crecimiento económico, un crecimiento que hoy resulta difícil saber cómo se generaría.
Sin responder a esos interrogantes y sin mostrar que el Gobierno y el Congreso están cohesionados en torno a un programa de recuperación de la solvencia externa, los acreedores difícilmente vayan a negociar porque no tienen certeza de que algún día van a cobrar. Les resulta preferible colocar al país en default para desde ahí poder imponer, incluso por la vía judicial, un programa de repago.
