De acuerdo al último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la litigiosidad por accidentes laborales descendió en el tercer trimestre de 2018 un 44% promedio en todo el país, un registro histórico para el sistema que, a partir de 2004, experimentó una escalada exponencial de juicios hasta la sanción de la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348 en febrero de 2017.
El impacto de la última reforma tuvo sus efectos también sobre la alícuota promedio de los seguros por la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. En noviembre pasado se ubicó en el 2,8% de la masa salarial, situándose a valores muy cercanos a los registrados en 2009. Esto representa una caída del 19,6% en comparación con enero de 2016 y, según se estimó, un ahorro de 25 mil millones de pesos para las empresas.
El Informe Trimestral de Litigiosidad de la SRT señaló que mientras en el tercer trimestre de 2017 se registraron 29.854 juicios de trabajadores en unidades productivas y de trabajadores en casas particulares, en el mismo período de 2018 bajó a 16.638, un 44,3% menos. Esto implicó un total de 13.214 juicios menos y un ahorro para el sistema de 4.800 millones de pesos.
El reporte también indicó que el total de juicios notificados entre enero y setiembre del año pasado, con y sin sentencia, fue de 58.123, de los cuales la Justicia dictó sentencia sólo en 3.480 casos (6%). El resto pasó a integrar el stock de expedientes que permanecen sin sentencia.
Al medir la litigiosidad por zonas, los números muestran una significativa reducción de juicios contra el sistema en la mayoría de los distritos, y con mayor contundencia en aquellas jurisdicciones que adhirieron a la Ley Nº 27.348. Tales fueron los casos de Formosa (77,8%), Córdoba (76,4%), Tierra del Fuego (66,7%), Ciudad de Buenos Aires (61,9%), Mendoza (56,5%), provincia de Buenos Aires (42,8%), Salta (30,6%), Río Negro (16,2%), Misiones (11,7%), y San Juan (10,6%), por mencionar algunas.
El retroceso de la litigiosidad por accidentes laborales también se observó en las mediciones de juicios según la actividad económica. Los rubros más significativos experimentaron una baja que, en algunos casos, llegó hasta el 53% promedio, como el caso de electricidad. En ese ranking le siguieron servicios financieros (47,3%), comercio (45,8%), servicios sociales (44,8%), manufacturas (44,4%), transporte (43,7%), construcción (39,5%), minería (32,1%) y agricultura (30,6%).
En el caso de las alícuotas, el valor de las mismas experimentó un continuo descenso desde la implementación de las Ley Nº 27.348. Desde la SRT, que encabeza Gustavo Morón, se afirmó que durante los dos últimos años se aplicó una serie de instrumentos que simplificaron los trámites, desburocratizaron el sistema, otorgaron mayor competencia al mercado de las ART, y redujeron el costo laboral.
“Como resultados de esos procesos aumentaron los traspasos y, por primera vez, el sistema vuelve a tener valores parecidos a diciembre de 2009, cuando la alícuota promedio fue del 2,6%”, sostuvieron desde el organismo. Desde esa fecha, el valor de la alícuota fue escalando en forma sostenida, expandiéndose hasta posicionarse en un valor promedio del 3,5% de la masa salarial. Ese era el costo que se debía pagar en enero de 2016. A partir de ese año, ingresó en un lento retroceso: terminó en el 3,4% en 2016 y pasó al 3,1% promedio en 2017, para luego acelerar la baja en 2018 cuando perforó la barrera del 3% y se acomodó en noviembre por debajo de la misma en el 2,8%, representando una disminución de casi el 20% del valor que tenía dos años antes.
Actualmente, la alícuota promedio disminuyó en agricultura y pesca (14,4%), explotación de minas y canteras (26,8%), manufactura (17,4%), electricidad, gas y agua (9,3%), construcción (22,4%), comercio (18,9%), transporte y comunicaciones (26%), servicios financieros (19,4%), y servicios comunales y sociales (10%).
