Partiendo del hecho de que estamos frente a una crisis tanto sanitaria como económica de enormes proporciones, surgen algunas claras consideraciones:
– En primer lugar, no cabe ningún tipo de fundamentalismo sobre cómo resolver la crisis, que es tanto sanitaria como económica. Debe regir un absoluto pragmatismo y el camino adecuado varía según las situaciones sanitaria, económica, social y política de cada comunidad. El impacto del coronavirus sobre la salud, sobre la actividad productiva y sobre otras enfermedades que no podrán atenderse si la crisis avanza varían de país en país por los distintos grados de disciplina social, el desarrollo de los sistemas de salud preexistentes, la situación económica, la situación política e, inclusive, los valores.
– Por ende, la segunda conclusión es que no sólo cabe convocar, por un lado, a comités de médicos y sanitaristas y, por otro, hacer reuniones de gabinete económico. Es necesario convocar equipos multisectoriales, aunque la discusión se haga muy larga. Deben participar sanitaristas, economistas, políticos, sociólogos y organizaciones sociales. No es razonable que sea el presidente aislado el que deba hacer la síntesis. Por ejemplo, si el hambre golpea a mucha gente o si la indignación genera mucha violencia, debe evaluarse relajar los controles sanitarios para facilitar la actividad productiva. El uso de la emisión debe adecuarse a los potenciales peligros inflacionarios, muy diferentes en los distintos países tanto por la cultura de la comunidad como por la situación económica subyacente.
– Es imprescindible que las autoridades expliquen permanentemente a la opinión pública el daño económico que se está produciendo, tanto por las restricciones sanitarias como por el impacto de la crisis económica global y local.
– Los medios de información y la información oficial no pueden estar referidos exclusivamente a la evolución del problema sanitario. Debe informarse detenidamente el problema económico. Hay que hablar de las empresas que están despidiendo, por qué están despidiendo, los sectores que están siendo más perjudicados y los conflictos sociales que se están generando. Ningún empresario deja de producir o reduce su actividad por simple sadismo. No es posible que cada despido o cada aumento de precios sea considerado una traición a la patria, pero sí debe haber un régimen especial para proteger a los nuevos desempleados.
– Es obvio que las teorías subjetivistas sobre los precios nunca tuvieron valor y menos ahora. Los precios siempre están vinculados a los costos. También hay razones objetivas que determinan la distribución del ingreso. Si un precio se ubica muy por arriba de los costos, aparecen otros productores que aprovechan la diferencia hasta que la misma se agota. Por eso, cuando un precio desborda excesivamente los costos, el Estado debe actuar. Puede haber abuso de posición dominante y cabe intervenir. Hay que analizar las distorsiones en los canales de comercialización que deben combatirse. Se debe tener en cuenta que en circunstancias como las actuales, la oferta quizás no esté en condiciones de responder a un aumento de la demanda, de forma que la ley de la oferta y la demanda no funciona. Aun así, debe considerarse que los precios máximos funcionan mal, generando desabastecimiento y mercados negros y, por ende, no ignorar el papel fundamental que el mercado tiene en la asignación de recursos y en la distribución del ingreso.
