El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron ayer una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal en la que solicitan se suspenda la vigencia del Acta 2764/22 de esa dependencia de la Justicia laboral, que establece el cálculo de la tasa de interés a abonar por las empresas en casos de indemnizaciones por despidos.
En simultáneo, las entidades enviaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nota advirtiendo sobre esta situación y en la que manifiestan “la honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero. Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar.”
Cálculo
Según el texto presentado ante la Justicia laboral, el método de cálculo adoptado “arroja resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación, todo lo cual afecta seriamente al principio de la seguridad jurídica con el consiguiente aumento de incidencias procesales, interposición de recursos de apelación y, asimismo, de extraordinarios y quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Agrega que “es una creencia compartida de las entidades que representamos en el sentido de que ese mecanismo de cálculo tiene efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general”.
Las entidades basaron su reclamo en sendos informes de la Universidad de Buenos Aires y otro de la UIA -verificado por la firma de auditoría PwC Argentina– que señalan las inconsistencias del método de cálculo, producto por el cual existen hoy numerosos recursos de queja presentados ante la Corte Suprema por parte de las empresas afectadas.
Efectos
Sin embargo, esos recursos extraordinarios no suspenden los procesos judiciales y la cámara ordena ejecutar las sentencias, “ocasionando enormes daños patrimoniales a las compañías que deben pagar montos varias veces superiores a los vigentes antes de la publicación del acta cuestionada”, afirmaron.
Por otro lado, los firmantes sostienen que “esta situación produce efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general, en particular a las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayor parte de los empleos registrados en el país, afectando seriamente el derecho a la propiedad, la garantía de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Además, la recarga de recursos en los tribunales genera demoras en las causas que debieran resolverse en tiempo y eso constituye un deterioro en el servicio de justicia para la población”.
ART
En relación a la aplicación del Acta 2764 para actualización de montos de sentencias por accidentes de trabajo, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) consideraron que “quizás con ejemplos pueda ilustrarse mejor el daño que se inflige a un sistema consolidado y apreciado por trabajadores y empleadores. A partir de la actualización de la tasa según Acta 2764/22 del CNAT, el valor de un juicio de 2014 que antes se multiplicaba por seis, ahora pasa a multiplicarse por 45. Si bien esta acta alcanza sólo al 13% de los juicios en stock, implica un impacto de más del total del patrimonio de todas las ART”.
“Huelga decir que las consecuencias sobre el sistema son fuertísimas. Las ART funcionan con la lógica del sistema asegurador, previsionando y cobrando según reglas de juego vigentes. Cuando, como en este caso, se cambian de un día para el otro y con aplicación retroactiva, se destruye la ecuación que equilibra cobertura y financiamiento y con ello se pone a riesgo la cobertura y los beneficios del sistema”, advirtieron desde la UART.
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