De acuerdo con la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el último año se iniciaron 134.141 demandas por accidentes de trabajo, la cifra más alta desde que existen registros. Los juicios en la Argentina crecieron 200% en cinco años y alcanzaron un récord en 2025.
Juicios
En 2025, la Argentina alcanzó un récord histórico de juicios por accidentes de trabajo, a pesar de que en los últimos años se redujeron de manera sostenida tanto la cantidad de siniestros laborales como los fallecimientos en el ámbito del trabajo. Según estimaciones de la UART, durante el último año se iniciaron 134.141 demandas, la cifra más alta desde que existen registros. El volumen de juicios creció un 200% desde 2020, aun cuando los principales indicadores de prevención y cobertura muestran mejoras significativas.
Las estadísticas oficiales reflejan una caída del 55% en los accidentes laborales y una reducción del 80% en las muertes. Desde la creación del sistema, se estima que se salvaron 19 mil vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes, con una cobertura integral y oportuna para los trabajadores. Sin embargo, la judicialidad no sólo no acompañó esa tendencia, sino que se aceleró.
Respecto de la comparación internacional, la Argentina tiene niveles de cobertura superiores a los de países como Chile y España, e índices de siniestralidad similares. Pero la cantidad de juicios es muy superior: por cada 10 mil trabajadores, en España se presentan 8,5 demandas y en Chile 5,8%, mientras que en el país la cifra asciende a 132,8 demandas, es decir, 23 veces más que España y 16 veces más que Chile.
UART
“Lo que debería ser excepcional se volvió estructural. A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, indicaron en la UART.
El stock de juicios laborales por riesgos del trabajo llegó en septiembre a 317.848 causas, incluso después de que las ART lograran cerrar unas 70 mil demandas. Además, se quebró la estacionalidad habitual: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que no ocurría desde hace casi una década, en la previa de la reforma aprobada en 2017.
Desde la UART plantearon que la crisis se explica, en gran medida, por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los cuerpos médicos forenses, tal como establece la ley 27.348. Ante esa ausencia, peritos externos sin control ni supervisión realizan evaluaciones de incapacidades que se apartan de los dictámenes de las comisiones médicas oficiales y luego son convalidadas por los jueces laborales.
A ese esquema se suma un incentivo económico clave: los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que favorece el sobredimensionamiento de las incapacidades. En términos de costos, el 45% del gasto judicial queda en la intermediación, es decir, abogados, peritos y el propio sistema judicial.
Riesgos del trabajo
Las ART advierten que corregir estas distorsiones es clave para sostener un sistema que protege a trabajadores y empresas, y que hoy se ve desbordado por una judicialidad que no refleja la realidad de la prevención ni de la cobertura de accidentes de trabajo, ni se ajusta a los parámetros internacionales.
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