Todo Riesgo dialogó con Jorge Furlan, presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA).
Comencemos hablando sobre el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO): ¿qué está pasando con la exigibilidad? ¿Se exige su cumplimiento?
La exigibilidad es pobre, en general, por distintos motivos: primero porque había que instrumentar toda la normativa que permitiera, de algún modo, ajustarse a todo lo que disponen las leyes provinciales, las leyes nacionales, etcétera; después por falta de recursos para controlar realmente la renovación de las pólizas y todo lo que implica el cumplimiento de lo que se dispone. Por un motivo o por otro, lo cierto es que se fue dilatando el cumplimiento de las disposiciones que muchas provincias adoptaron en este aspecto (que era exigir el seguro). También creo que pesaron los planteos de distinto orden para evitar la exigibilidad: por ejemplo, planteos en planos administrativos y en planos judiciales. Hubo que resolver todas las situaciones que se plantearon y ahora estamos con la expectativa de que realmente empecemos a darle sentido al SAO. El sentido que lo llevó a que se aprobara, es decir, a ser un instrumento para una gestión ambiental. Considero que hay etapas superadas y, por lo tanto, aguardamos que este año realmente tanto las provincias como la Nación desarrollen una exigibilidad más rigurosa.
De acuerdo con lo expresado, deduzco que no hubo recientemente alguna normativa novedosa vinculada con el SAO.
No. Pero, como novedoso, hubo dos o tres situaciones que estamos transcurriendo en este momento. La ley de presupuesto de la Nación, aprobada en diciembre, creó un fideicomiso que va a actuar para reparar daños ambientales que estén sin esta reparación y, para esto, las aseguradoras van a ser una de las aportantes a este fideicomiso, por lo cual va a haber un valor económico agregado para la comunidad, que es contribuir a un fondo que permita superar situaciones de daños ambientales que no estén reparados. También está prevista la puesta en marcha de manera inmediata de todo un sistema digital que va a operar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, orientado a hacer el seguimiento de la presentación de las pólizas, del contenido que tiene que ver con los capitales, con los estudios de la situación ambiental inicial. Todo esto va a contribuir al perfeccionamiento del control de lo que las compañías de seguros estamos presentando. Y un tercer aspecto es el ajuste en el factor de correlación de la fórmula polinómica, que permite determinar el llamado Monto Mínimo de Entidad Suficiente, que es el capital asegurado. Esto es trascendente porque el monto les permite a las aseguradoras poder cumplir con la garantía que prometen, que es precisamente llevar a cabo la remediación ante un incumplimiento del sujeto obligado. Por lo tanto, me parece que estos tres puntos, que son recientes y novedosos, son importantes para destacarlos como una tarea realizada en estos últimos tiempos en la parte normativa.
¿Qué balance se puede hacer sobre la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con respecto a este seguro? ¿Se avanzó o se retrocedió? ¿Qué pasó?
Yo tomaría distintos enfoques. Hubo mucha dedicación a lo normativo fundamentalmente para dar respuestas a algunos requerimientos de los sujetos obligados. Se trabajó también lo normativo para permitir que existiera una mayor flexibilización en la obtención del certificado ambiental de las compañías de seguros y que hubiese un mayor número (esto, en alguna medida, también fue logrado). Se trabajó en un aspecto importante, que fue la reglamentación que hoy está vigente y que permitiría ejecutar las pólizas porque lo cierto es que hoy la virtualidad del seguro, que hace que se ejecute una póliza y se repare un daño, en muchos casos aún no ocurrió. En lo que sí no se trabajó fuertemente es en el requerimiento o exigibilidad de las pólizas. Lo cierto es que con la actual gestión política del Ministerio, tomando como origen el 1º de enero de 2015, quienes estamos operando en este tema perdimos el 30% de las pólizas. Esto implica una mayor exposición para el patrimonio del Estado. ¿Por qué? Porque si no hay quien repare porque el obligado a hacerlo no lo hace, va a ser la comunidad, en definitiva, la que tenga que estar contribuyendo a que el Estado asuma esto. Así que confiamos en que esto se transforme y que realmente el seguro ambiental, con una mayor exigencia, logre cumplir con su función.
Actualmente, ¿qué coberturas amparan el riesgo ambiental por fuera del SAO?
Tenemos una póliza de responsabilidad civil (que realmente es muy interesante porque cubre distintas posibilidades), tenemos una cobertura que protege el patrimonio personal de los directores y de los gerentes por hechos que les puedan ser reprochados en su ejercicio y tenemos una cobertura que se llama “de reparación”, que restituye una parte del valor que una empresa pueda tener que costear para la reparación de un daño. Quiere decir que el abanico de coberturas ambientales es amplio.
Para cerrar, ¿hay alguna novedad con relación a CAARA?
La Cámara sigue trabajando muy activamente en el relevamiento de las normativas ambientales no sólo de nuestro país, sino también a nivel internacional. Firmamos tres acuerdos importantes: uno con el organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires, otro con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y otro con la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (FAPASA), precisamente para actuar en conjunto en temas que tienen que ver con capacitación e información. Así que nuestra tarea es algo anónima, pero realmente es muy efectiva a la hora de poder mostrar un resultado.
