El reciente informe de la misión del FMI que visitó el país tiene una gigantesca importancia en materia de política económica. De alguna forma, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo una importante avanzada en su exposición días atrás en el Congreso, pero ahora sus planteos adquieren otro nivel de comprensión y viabilidad.
Este salto cualitativo en el escenario económico del país se produce luego de que también en las últimas semanas el gobierno dio pasos sustanciales en definir no sólo su política fiscal, sino también su política monetaria, antiinflacionaria, cambiaria, tarifaria y de ingresos. Por otra parte, este éxito es una confirmación para la política internacional que va definiendo el gobierno. Los resultados positivos de las misiones diplomáticas en Europa, junto al diálogo con el gobierno norteamericano y las autoridades del FMI, demostraron ser fructíferos y no una operación de marketing.
El informe de la misión del FMI parte de un adecuado diagnóstico de la situación, lo que es imprescindible para elaborar una política económica adecuada. Al reconocerse la “insustentabilidad” de la deuda, se está reconociendo por una parte el fracaso de las políticas del macrismo e incluso del propio FMI, que debía velar por la salud financiera del país a lo largo de la vigencia de su programa de apoyo al país. Debe tenerse en cuenta que cuando se firmó el acuerdo con el FMI ya en medio de una crisis gigantesca, el organismo caracterizó a la deuda argentina como “sostenible, aunque con baja probabilidad”. A pesar del aumento de la pobreza, la inflación y la caída de la actividad económica, ahora queda en claro que no sólo no se ganó en la construcción de “sólidos pilares para el futuro”, sino que se aumentó la profunda vulnerabilidad de la economía argentina.
De esa forma, una primera definición es que debe cambiarse sustancialmente la política económica y, en segundo lugar, que la situación a la que se llegó es tan grave que para superarla requiere “una contribución apreciable” de los acreedores privados.
Se afirma que “el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”. Ello implica que las definiciones de política fiscal que el ministro Guzmán efectuó en el Congreso, que podían parecer una expresión de deseos, no son un mero argumento en una estrategia de negociación, sino que es la política fiscal convenida con el organismo financiero internacional.
El ministro Guzmán señaló entonces que, por largos años, la Argentina no iba a tener superávit primario y el FMI coincide con las causas de esa decisión: de intentar ese ajuste “no se alcanzaría un crecimiento potencial satisfactorio” -algo que no tiene en cuenta para nada las posiciones extremadamente ortodoxas que reclaman un ajuste sangriento- y se perdería no sólo la viabilidad económica, sino la política, variable esta última que el FMI tradicionalmente no tuvo en cuenta y fue muchas veces la causa del fracaso de programas anteriores.
La estrategia de negociación apunta a una política fiscal mucho más laxa que permita el crecimiento. Debe tenerse en cuenta que la política que vivimos estos últimos cuatro años no sólo generó una gigantesca carga de intereses, sino que la deuda implica una clara caída en el patrimonio del Estado. Una reducción de deuda e intereses implica de por si una mejora sustancial en la situación fiscal de un Estado que parecía condenado a seguir endeudándose en forma exponencial.
Además, en las últimas semanas tomaron forma concreta múltiples definiciones de política económica que apenas estaban esbozadas. En materia de política monetaria, a pesar de las complicaciones en el manejo de la deuda, se continuó con la política de baja de las tasas de interés de referencia contra las recomendaciones expresas de muchos economistas ortodoxos. Ello se hace a contramano de la política que se vino aplicando en los últimos años sin temer ni provocar fuga masiva de ahorro ni fuertes presiones sobre el mercado cambiario. Esa estrategia tendiente a abaratar el crédito y favorecer así la recuperación de la economía fue profundizada con el tope a la tasa de interés de las tarjetas de crédito.
Esta decisión no constituye una expresión de estatismo. Debe tenerse en cuenta el comportamiento perverso que en la crisis tomó este mercado. A mayor caída del poder adquisitivo, mayor demanda de créditos, permitiendo de esta manera que las tasas activas se despegaran de las pasivas. Pero, además, anticipa un manejo expansivo de la cantidad de dinero, ya que con las bajas de tasas el Banco Central devuelve al sistema financiero fondos que estaba esterilizando.
En materia de política cambiaria se afirmó la estrategia de una flotación regulada con control de cambios, pero incorporándole en forma ininterrumpida microdevaluaciones diarias que, sin generar fuertes presiones inflacionarias, permiten contrarrestar atraso cambiario.
En política tarifaria se anticipó un aumento de tarifas para el segundo semestre, pero moderado y selectivo de forma de minimizar su costo social y su impacto inflacionario, atendiendo a las necesidades de las empresas de servicios públicos.
En este contexto de ataque a la inflación inercial, una política tarifaria prudente y un ajuste del tipo de cambio que no sea como en los últimos años a través de fuertes saltos desestabilizantes (que sólo favorecía la especulación), se enmarca la política inflacionaria global. Pero, además, se avanzó en nuevas políticas de precios como Precios Cuidados Mayoristas, y se evitaron medidas potencialmente distorsivas como la intervención en el mercado del trigo.
Por último, está claro que en política de ingresos se decidió favorecer fundamentalmente a los sectores de bajos ingresos a través de los incrementos de suma fija y bonos, y devolución del IVA. Quedaron explícitos los costos para el resto de los sectores sociales, parcialmente compensados por la suspensión de tres meses del pago de cuotas de los créditos del ANSES, el congelamiento tarifario y la reducción de la inflación. De todas formas, también es obvio que no se quiere aumentar la presión fiscal sobre el tramo superior de ingresos o los sectores productivos.
De esa forma, en las últimas semanas quedó definido un programa económico que hasta ahora sólo parecía con algunas definiciones políticas parciales.
