Para conocer cómo está impactando la pandemia del COVID-19 en el mercado asegurador ecuatoriano, dialogamos con Patricio Salas Guzmán, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG) y gerente general de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (ACOSE).
“Todas las empresas de seguros ejecutaron sus planes de contingencia para garantizar la continuidad del negocio. Para esto trabajaron con todos los recursos tecnológicos que poseen. Ejecutaron el teletrabajo en todas sus actividades y reforzaron los canales de contacto y servicio con los clientes. Dentro de las obvias limitaciones, el servicio fue continuo y muy efectivo”, relató Salas Guzmán.
Respecto de la cobranza, el directivo precisó que en negocios corporativos o institucionales ya se realizaba vía transferencia electrónica. Para el resto de los clientes, “la cobranza se gestiona con la colaboración de los asesores de seguros, especialmente en individuales y pymes. En estos casos están utilizándose los mecanismos que el sector financiero ofrece, como las transferencias electrónicas por diversas plataformas. En definitiva, está entregándose a clientes y a asesores de seguros todo el apoyo para que su gestión sea efectiva, vía teletrabajo y con acceso a sistemas provistos por las empresas”.
Siniestros y servicio reforzado
En referencia a los siniestros “se garantizó el acceso a diversos canales de comunicación con las aseguradoras, todos virtuales y tecnológicos. Esto significó que el servicio no deje de prestarse. Un reto fue la recepción de reclamos y de documentación de respaldo, tanto desde el interés de los asegurados como de las aseguradoras. Sin embargo, se aplicaron políticas más flexibles, las que están validándose y continuarán realizándose. Por ejemplo, se aceptan documentos y proformas escaneados o fotografiados y enviados por mail e inclusive vía WhatsApp”, explicó Salas Guzmán.
Por su parte, las empresas de seguros que operan en Ecuador reforzaron el servicio al asesor productor para que pueda soportar su operatoria. El ejecutivo precisó en este sentido que “se brindó acceso a diversa información para la gestión, cotizadores más actualizados, coordinación de inspecciones y emisión, notificación y gestión posterior de siniestros, y pago electrónico de reclamos. Esta última es una disposición obligatoria que el mercado ya aplicaba desde hace un par de años”.
Primeros impactos
En cuanto a los primeros efectos de esta pandemia en el seguro, Salas Guzmán explicó que el sector asegurador fue obligado por las autoridades a garantizar la cobertura de asistencia médica en sus contratos de seguros que excluían la pandemia. De todas formas, advirtió el directivo, “hay disposición de contribuir con el país y aportar con esa vía en la protección de los asegurados. Se espera un incremento en la siniestralidad y se está trabajando con las autoridades de control para que no se afecte la solvencia que actualmente tiene el sistema”.
Asimismo, Salas Guzmán remarcó que un problema latente para toda la economía de Ecuador es el rompimiento en la cadena de pagos en todos los sectores, y el seguro no es la excepción. “Esto significó que tengan que acordarse diferimientos y reprogramación de pagos, lo que en alguna manera está afectando el flujo usual de efectivo. Esto también tiene un efecto en la solvencia del mercado ya que la cartera vencida está generando mayores provisiones por incobrables”, reflexionó el ejecutivo.
En cuanto al nivel de ventas, continuó Salas Guzmán, “se espera y se siente un decrecimiento, no tanto por cancelación de coberturas, sino por diferimiento en las renovaciones anuales. Hasta el primer trimestre 2020, el mercado había crecido un 3% respecto de igual período de 2019. Sin embargo, la tendencia es a una pérdida de ventas netas hasta fin de año, cuyo volumen no es posible estimar actualmente. De todas formas, ya se conocen predicciones de caída del PIB en alrededor del 7%”.
Disposiciones oficiales
Frente a este contexto, “la primera acción de las autoridades nacionales de Ecuador fue incluir, en la declaración de estado de emergencia, la obligación del sector asegurador de mantener la cobertura de los seguros de salud y vida aunque exista exclusión de pandemia. Como mencioné, esta disposición está siendo acatada por las aseguradoras como muestra del apoyo de la industria a la estabilidad del país”, subrayó el directivo.
Mientras tanto, “se está trabajando con la autoridad regulatoria en disposiciones para contrarrestar los efectos inusuales de falta de liquidez en la economía. También en medidas que faciliten la reprogramación de pagos de primas sin la generación de mayores provisiones por incobrables. Se está protegiendo la liquidez del sistema asegurador y su solvencia”, destacó Salas Guzmán.
En tanto, muchas disposiciones de carácter administrativas, como plazos para obligaciones de reportes y otros actos similares, fueron prorrogados por varias autoridades. No sólo de seguros, sino también tributarias y laborales. “Esto ayudó a la gestión del negocio en situaciones extraordinarias”, reconoció el ejecutivo.
A su vez, Salas Guzmán manifestó que está tramitándose en la Asamblea Nacional un proyecto de ley denominado “De apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19” en el que se toca el tema de los seguros privados. “Principalmente dispone que durante la emergencia se prohibe la terminación de pólizas por falta de pago. Además, se garantiza la vigencia de las coberturas aun en pólizas con primas impagas. También la obligación de reprogramar las cuotas atrasadas cuando termine esta situación”, concluyó el directivo desde Ecuador.
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