La columna de Horacio Lachman.
El préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ya parece próximo a ser otorgado tiene una sola función: garantizar el tipo de cambio semifijo -con una devaluación mensual pautada del 1%- hasta las elecciones. Demorarlo más plantea el peligro de default. La reacción negativa de los mercados al inicio de la semana confirma lo delicado de la situación a la que se llegó.
Tipo de cambio
Está absolutamente fuera de discusión que el actual tipo de cambio -más allá de la discusión sobre si está “atrasado” o no- no es una paridad de equilibrio. Si fuera de equilibrio, ¿qué sentido tendría mantener un estricto control de cambios por casi dos años, cuando desde el Gobierno mismo se lo considera perjudicial como instrumento de política económica? ¿Por qué el Banco Central debe gastar miles de millones de dólares para contener la suba?
Como el Gobierno implícitamente lo reconoce, salir del control de cambios (el cepo) implicaría un salto inflacionario (o quizás ingresar en una espiral dólar-precios) muy difícil de manejar. Sin embargo, para acelerar la baja de la inflación, el Gobierno forzó una baja excesiva de la tasa de microdevaluación.
La fecha más o menos de la salida del cepo está definida: antes de fin de año, es decir, después de las elecciones. Entonces se estima que el Gobierno estará políticamente fortalecido para poder impulsar en el parlamento y la sociedad un nuevo y doloroso ajuste que, vía una inédita restricción monetaria, provoque lo que el ministro Luis Caputo ya dejó en claro: una significativa deflación que establezca una paridad cambiaria que permita acercarse a un equilibrio externo, acompañado de un salto acotado de la paridad.
Ajuste
La deflación implica baja de costos, incluso laborales, que darán mayor competitividad a la producción local para impulsar las exportaciones y reducir las importaciones. Pero deflación siempre fue igual a recesión porque las empresas no pueden afrontar sus deudas al tener menores ingresos. No obstante, de esa forma sí podría avanzarse hacia un superávit en el comercio exterior sustentable de largo plazo, capaz de permitir el aumento de importaciones que exige el crecimiento, atender al pronunciado déficit en la balanza de servicios -especialmente el pago de intereses- y la salida de capitales que puede producirse hasta que el modelo demuestre ser exitoso.
Para lograr ese amplio superávit externo, hace falta una nueva ola de ajustes muy pronunciados y de muy alto costo político y social. Entre ellos, puede destacarse una reforma laboral y previsional muy profunda y un recorte mucho mas amplio en el Estado del empleo, el gasto social y la inversión, además de una fuerte reducción de impuestos.
Consenso
Hay consenso en amplios sectores de la alfombra roja de que este modelo es el único que puede garantizar un equilibrio a largo plazo.
Se sabe que postergar esos ajustes los hace cada vez más difícil. ¿Por qué no se pone en marcha ya esa segunda tarea para la “motosierra”? Porque el requisito fundamental para que todo el programa pueda implementarse es la continuidad del poder político. Por eso, finalmente el FMI, que otorgó el mayor préstamo de su historia al Gobierno de Mauricio Macri para que pudiera llegar en condiciones mínimamente satisfactorias hasta las elecciones presidenciales de 2019 -cosa que sin embargo no logró -, ahora parece haberse convencido de que hay que hacer otro gran esfuerzo que le otorgue al país financiamiento para llegar hasta las elecciones de octubre con baja inflación y un escenario económico bajo control. Naturalmente, exigirá redoblar las garantías y compromisos. Recién después se podrá prender nuevamente la motosierra a toda velocidad.
Desafío
El interrogante planteado es si son viables los esfuerzos para alcanzar por esa vía el nivel de precios relativos (deflación incluida) que permita llegar a los superávit necesarios. Teniendo en cuenta que el nuevo endeudamiento con el FMI suma una carga adicional, el desafío planteado es muy grande.
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