Entre abril de 2020 y marzo de 2021, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia registró 14.583 reportes de casos asociados a la cibercriminalidad en la Argentina, informó el portal ITware Latam. Esto significó un crecimiento del 465% respecto al año anterior. Para alertar a la sociedad acerca de la necesidad de exigir la protección de datos personales y de apoyo a los usuarios que denuncian vulnerabilidades en los sistemas digitales del Estado se creó el proyecto #DatosEnFuga. Representa una iniciativa de Democracia en Red, Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).
Este proyecto, que cuenta con el financiamiento de la Iniciativa por los derechos digitales en Latinoamérica (Indela), busca acercar soluciones para que los diferentes sectores del Estado resguarden la información y los derechos fundamentales de los ciudadanos en torno a este tema.
Seguridad
Las propuestas integrales #DatosEnFuga buscan elevar los estándares de seguridad informática existentes en el sector público. Se trata de una iniciativa multisectorial que involucra al ámbito judicial, a especialistas en informática y a la sociedad en general.
“Nadie toma real relevancia de lo que conlleva que nos roben los datos, que usurpen nuestra identidad. Cuando se habla de seguridad, siempre se piensa en la seguridad física y este otro aspecto parece perder importancia”, afirmó María Trevisani, responsable del proyecto. Por su parte, Agustín Frizzera, director de Democracia en Red, consideró que “el proyecto busca promover y establecer una política pública de protección de los activos digitales en poder del Estado y generar un entorno que ofrezca cobertura legal y técnica a los que realizan las denuncias sobre las vulnerabilidades informáticas”.
Razones
De acuerdo con ITware Latam, existen tres motivos fundamentales para comenzar a abordar este tema:
– Las filtraciones que sufrieron diversas reparticiones del Estado en el último tiempo hace suponer que sus sistemas son vulnerables.
– La ciudadanía está cada vez más demandada de datos y, a la vez, se encuentra más expuesta al mal uso de esta información.
– Se persigue penalmente a activistas de la comunidad de seguridad informática que reportan errores y espacios vulnerables en los sistemas del Estado.
Derecho
“Muchas empresas y organismos públicos no cumplen con los mínimos estándares globales de seguridad informática. La seguridad informática es un derecho que tenemos que exigirles a todas las personas que tengan bajo su cuidado una base de datos, ya sea del ámbito público o privado”, destacó Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino.
“Por otro lado, si una persona reporta una irregularidad informática, automáticamente se convierte en sospechoso de un delito. Al que denuncia le va mal y todo esto atenta contra la solución del problema. La protección de datos personales es una parte esencial en el ejercicio de la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa”, Frizzera.
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