El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, asistieron esta tarde a la firma de un convenio de cooperación entre el titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Juan Pazo, y el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón, para reforzar el trabajo de control, conjunto y coordinado, de ambos organismos, dependientes de los ministerios de Finanzas y Trabajo, respectivamente.
El ministro de Finanzas afirmó: “Trabajamos por un sistema de seguros solvente, eficaz y previsible para todos, que permita el desarrollo del mercado local de capitales. Para eso, la acción coordinada de las dos Superintendencias es especialmente relevante”.
Asimismo, el ministro de Trabajo aseguró que “nos enfocamos en la prevención así como en una mayor cobertura e inclusión del sistema de riesgos del trabajo, poniendo el acento en la transparencia del sistema, en la sustentabilidad a largo plazo, y en la defensa de los trabajadores”.
El Convenio Marco 70-16 SRT/SSN “tiene por objetivo fortalecer el intercambio de información y la cooperación de ambas instituciones, especialmente en el contexto de la implementación de la Ley 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. El trabajo conjunto de ambos organismos apunta al fortalecimiento del sistema de riesgos del trabajo y a potenciar el federalismo, a través de la adhesión de las provincias a la Ley Nacional”, expresaron.
La SSN y la SRT trabajarán en la reducción de costos (cálculo de tarifa y trabajo mutuo en materia actuarial) y en la elaboración de propuestas comunes para el Régimen de Alícuotas del Sistema de Riesgos del Trabajo.
Las Superintendencias “fiscalizarán el cumplimiento de la Ley de Riesgos de Trabajo por medio de mecanismos de mutua asistencia que garanticen la regularidad en las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo (SRT) y la promoción de un sistema solvente, previsible y eficiente, como el mejor camino para defender los intereses de los asegurados, asegurables, beneficiarios y damnificados (SSN)”, puntualizaron.
Ambas instituciones, concluyeron, “promoverán la solvencia a largo plazo y la transparencia del sistema a través de la lucha contra el fraude. El intercambio de información entre los dos organismos permitirá potenciar las acciones en conjunto y la toma de decisiones de forma coordinada, lo que favorece la defensa del asegurado en el marco de un sistema eficiente y sostenible, que evite las dilaciones fruto de la judicialización de los siniestros”.
