El fraude en las pólizas de seguros existe hace mucho tiempo y está tomado por las compañías aseguradores dentro de sus costos. Esto, en mi visión, es un error, ya que afecta la ecuación económica y perjudica a la gran mayoría de los asegurados que actúan de buena fe.
Como en muchos otros temas, en la Argentina naturalizamos ciertos hechos que lindan con lo delictivo o directamente lo son, como es el caso que nos ocupa.
Es hora de que la industria aseguradora tome este desafío muy seriamente y que se lo enfrente con todo el rigor de la ley. No alcanza con que alguna empresa o algunas empresas así lo aborden, es el conjunto del mercado que lo debe considerar como prioritario.
Delito y delincuentes
El poder enfrentar el fraude es un requerimiento para el saneamiento económico ya que el mismo impacta fuertemente en los resultados técnicos. Por otro lado, hay un deber ético y moral de soslayar un delito. El fraude no es otra cosa que un delito y, quien lo pretende llevar a cabo, un delincuente.
Estas palabras (delito/delincuente), aunque parezcan palabras muy duras, hay que expresarlas claramente para que adquieran la real dimensión del hecho que se pretende llevar a cabo. Existe un pensamiento de quienes intentan llevar adelante un fraude que facilita el pretender ser indemnizado por un siniestro inexistente o distorsionar uno existente. El pensamiento regente en ellos es: “Pruebo, si pasa, pasa”, “a lo sumo no me lo pagan”, “con lo que me cobran por mes está compensado”, “aprovecho y con lo que cobro arreglo otras cosas”, “no me aprovecho de una persona, es una empresa”, entre otros. Esto no puede ocurrir ya que no solamente afecta una industria sino a la economía global del país.
Dimensión
Un dato para entender la dimensión del fraude es que, en la Argentina, en casi la mitad de los casos, las compañías de seguros pagan por siniestros más de lo que deberían haber pagado o directamente se hacen cargo de casos en los que se cometió un fraude, pero no se logró demostrarlo fehacientemente. El combate al fraude redundará en mejoras en los plazos de los siniestros y en las tarifas que actualmente se pagan por una póliza de seguros. Pero, sobre todo, se verán beneficiados aquellos asegurados que actúan de buena fe.
También es de resaltar el hecho de que, en esta temática del fraude, actúan organizaciones delictivas conformadas por profesionales de distintas áreas que le pretenden dar “fuerza legal” a reclamos donde se exageran las lesiones o daños y/o se miente en los informes periciales.
Acción penal
Nuestro desafío con Libra Seguros es no contentarnos con el desistimiento de quien iba a cometer fraude. Ese no es el camino para revertir la actual situación, el camino es la acción penal.
Es de destacar que en los últimos tiempos hubo fallos judiciales de la Corte Suprema, en materia de seguros, que le dieron orden a la materia y fueron ratificando la postura lógica de circunscribir la relación entre asegurados y aseguradoras a la ley de contratos de seguros. Sin embargo, aún hay algunos tribunales inferiores a lo largo de todo el país que tergiversan la lógica técnica del contrato. Entiendo que tenemos que profundizar en el trabajo de recolección de información y pruebas de fraude para revertir totalmente esta situación.
Se debe abordar la problemática desde las tres dimensiones clave: en la “prevención”, es decir, en el cuidado en la inspección y la emisión de una póliza; en la dimensión de “detección”, donde se deben aplicar las últimas metodologías en este campo; y en la “ejecución”, donde se debe llevar adelante la acción penal.
Tenemos como industria un gran desafío por delante. Seamos protagonistas en este cambio de paradigma y enfrentemos al fraude como lo que es, un delito que no solo perjudica a una empresa, sino al conjunto del mercado asegurador y a la economía del país.
Nota escrita por Mariano Cuneo Libarona, asesor legal de Libra Seguros.
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