Los mercados no reflejan un cambio significativo de la difícil coyuntura a partir de la reestructuración de la deuda.
La cotización de las acciones no varió y el riesgo país sigue siendo muy alto a pesar de la baja como consecuencia de la salida del default. La caída del riesgo país del 50% responde al canje de los títulos que circulaban antes de la fuerte quita obtenida por el país luego de las arduas negociaciones recientemente realizadas por el gobierno. Sin embargo, aun así, tienen un precio tan bajo respecto a lo que el país se comprometió a pagar que implica que un inversor, para comprarlos, sólo aceptaría un rendimiento del 11%. Posiblemente el mayor del mundo y similar al vigente desde que el país entró virtualmente en default a mediados de 2018.
En esas condiciones, ningún inversor, por aventurado que sea, estaría dispuesto a aceptarlos. Y, si alguien fuera tan arriesgado como para hacer alguna inversión en el país, nunca realizaría una inversión productiva porque tiene a su disposición en la Argentina un rendimiento del 11% anual de su inversión de menor riesgo, difícil de alcanzar en cualquier sector de la producción.
Acciones
Por su parte, las acciones apenas cambiaron su cotización. Tienen precios muy inferiores al valor internacional del capital de esa misma empresa. De forma que siempre sería más conveniente, además de fácil, comprar una empresa en la Bolsa que hacer una inversión productiva que cree empleo y brinde lugar al crecimiento económico.
Entonces se confirma que el esfuerzo que el país tiene que hacer para crear bases sostenidas para su crecimiento aún sigue siendo muy grande. Lamentablemente, las negociaciones de la deuda con el FMI y los organismos internaciones, además de la deuda contraída por el Banco Central para absorber la gigantesca emisión que requiere financiar el déficit fiscal, absorben buena parte de la capacidad de acción del gobierno. Además, la pesada herencia recibida y el doloroso impacto de la pandemia implican un bajo nivel de actividad económica que permita afrontar la difícil coyuntura.
Si bien la actividad económica repunta en la medida en que se abren a la actividad nuevos sectores por la flexibilización del confinamiento, esta no puede ser muy acelerada por la escalada de los casos. Además, el prologado confinamiento implicó una caída de empresas, salarios y empleo adicional al que se recibió en diciembre del año pasado. Así, no será posible retornar este año, y quizás en 2021, a los deprimidos niveles de 2019.
Problemas
De esa forma, la coyuntura es muy difícil y compleja. Se enfrentan grandes problemas con escasa capacidad de acción. De allí que no pueden exigirse al gobierno cambios significativos en la coyuntura en el corto plazo.
La austeridad es la única alternativa para enfrentar la situación tanto del sector público como del sector privado. Por eso se comprende que, frente a la demanda de ingresos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno apeló a recuperar bruscamente los fondos cedidos por el gobierno federal a la Ciudad de Buenos Aires en 2016. La provincia está en un rojo pronunciado y el Estado Nacional está aún más comprometido. Sin embargo, el camino elegido tiene un alto costo y se llevará a la Corte Suprema de Justicia con una definición difícil de anticipar.
El rápido inicio de las negociaciones para renegociar la deuda con el FMI y un conjunto de medidas económicas que alivian a la población y al sector privado, junto a las incipientes medidas de desarrollo, son puntos de partida satisfactorios. La recreación del mercado interno es vital, junto a la promoción de exportaciones, pero debe evitarse el conflicto de objetivos. Los sectores que pudieron implementar el pase al home office tienen ventajas sobre el resto. La gente va cambiar sus prioridades de consumo, así que también las empresas que luchan por ganar posiciones en el mercado y ofrecer y difundir nuevos productos cuentan con mayores chances. De todas formas, estamos frente a la necesidad de un gigantesco esfuerzo colectivo.
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