A través de la Resolución Nº 113, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dejó sin efecto el protocolo para las aseguradoras anunciado días atrás. En tanto, aprobó uno destinado únicamente a la labor de peritos y liquidadores.
Puntualmente, mediante la Resolución Nº 109, el gobierno de CABA había aprobado el “Protocolo para la prestación de servicios y desempeño del personal en las empresas de seguros, reaseguros, capitalización y ahorro y préstamos para la vivienda”, realizado en base a una propuesta del Sindicato del Seguro.
Sin embargo, con esta nueva disposición, dicho protocolo, que había generado cierta inquietud en el mercado, queda sin efecto.
Peritos y liquidadores
El nuevo protocolo tiene por objetivo asegurar las mejores condiciones de prevención contra el COVID-19 en la actividad de los peritos y los liquidadores de siniestros independientes y dependientes de las aseguradoras.
“En todos los casos debe primar la plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio en cuanto sea posible, siendo ese el principio rector del presente protocolo”, se indica.
A su vez, se dispone que los peritos y los liquidadores deberán contar con el kit de alcohol en gel, guantes, elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y pulverizador de alcohol para desinfección.
En el desempeño de las tareas correspondientes deberá guardarse estricta distancia interpersonal entre las personas. “La distancia mínima será de 1,5 metros en espacios abiertos y de dos metros en espacios cerrados”, informa el protocolo.
También se destaca que quedan especialmente excluidos del protocolo, entre otros, los mayores de sesenta años y quienes hayan ingresado al país proveniente del exterior en los últimos catorce días.
Flexibilización
En otro orden, las cámaras que representan a las compañías de seguros aguardan novedades respecto del pedido de flexibilizar el aislamiento en el ámbito del seguro.
Uno de los principales reclamos es la habilitación de una dotación de empleados en las oficinas. En este sentido argumentan que, por ejemplo en CABA, permitir el regreso del 10% del total de los empleados no sería significativo para la causa teniendo en cuenta que se estima que son 16 mil los empleados que se desenvuelven en oficinas de compañías de seguros.
