Todo Riesgo dialogó con Luis Bandera, presidente de FIDES (Federación Interamericana de Empresas de Seguros).
¿Qué análisis hacés de la actualidad del seguro en la región?
Desde mi punto de vista, los países de la región que requieren de mayores capacidades de cobertura aseguradora son los de mayor tamaño de su PIB, mayor población y mayor territorio. Los sectores que mayor demanda generan deberían ser aquéllos que tienen un mayor desarrollo de sus sectores de infraestructura, energético, transporte e industrial. A esto debería agregarse también a aquéllos que están más expuestos a las catástrofes naturales.
¿Cómo está cambiando el seguro a partir de la irrupción de la tecnología? ¿Están los canales de intermediación a la altura de este nuevo paradigma?
El principal cambio en efecto es en los canales de comercialización. La venta digital es ya un hecho y los canales tradicionales están perdiendo penetración en el negocio de consumo. En los grandes riesgos continúan siendo beligerantes, pero deberán aportar cada vez más una proposición de valor que los mantenga vigentes.
¿Cuáles son los principales objetivos del seguro regional para los próximos años?
El rol fundamental de FIDES en la región LATAM es generar un ámbito de diálogo y trabajo entre todos sus miembros y con los organismos reguladores en los principales temas de la actividad aseguradora. Entre los principales temas que trabajamos se destacan la regulación, la innovación tecnológica, la defensa del consumidor, la transparencia y las acciones a implementar a fin de reducir la brecha aseguradora. En materia de regulación nos focalizamos en las normas contables y de solvencia, de control de lavado de activos, incorporación de nuevas tecnologías y canales de distribución. Respecto a la evolución de los grandes riesgos en la región puede decirse, en líneas generales, que el aseguramiento de los mismos evolucionó positivamente.
¿Cuáles son tus principales conclusiones de la Conferencia FIDES 2019?
FIDES hace hincapié en la modificación de las normas de control de lavado de dinero que impone una elevada carga administrativa y la imposibilidad de vender seguros a las poblaciones de bajos ingresos, quienes son precisamente las que más son castigadas por las catástrofes medioambientales. Deben evolucionar también las normas que permitan la incorporación de tecnología y nuevos canales de distribución.
