Más de 160 mil millones de pesos en proceso de ejecución fiscal están a punto de ser reactivados por el organismo público de recaudación.
Luego de casi dos años (19 meses) de inactividad por la pandemia del coronavirus, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) retoma su habitual presión ante los contribuyentes que acumulan pagos pendientes.
A partir del 1° de febrero, las deudas comenzaron a ser ejecutadas judicialmente, por lo que el seguro de caución judicial pasó a tener un rol determinante en cada una de las situaciones procesales de la pyme argentina. Los principales productos que se requieren en estas instancias son las sustituciones de embargados en cuenta y/o la sustitución de pago previo, permitiendo sustituir el depósito previo exigido para recurrir a una instancia superior cuando hay controversia sobre la deuda. Se trata, sin dudas, de unos de los nichos que más oportunidades tiene para crecer en el mercado de caución. Actualmente, ocupa no más del 8% de las primas totales del sector.
La buena acogida de los juzgados, la calidad del producto y la incorporación de un nuevo acreedor de reconocida solvencia (compañías de seguro) en los litigios, hacen prever que las garantías judiciales de caución seguirán tomando gradualmente una mayor parte de la torta de las fianzas argentinas.
Para capacitación o consultas contactarse a judiciales@afianzadora.com.ar
Columna escrita por Afianzadora – Seguros de Caución.
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