La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) comunica una irregularidad en relación a los peritos médicos judiciales. Se trata de la asignación de causas por accidentes de trabajo a médicos sin sorteo informático previo y que además no estaban inscriptos en el padrón correspondiente, es decir, “en total incumplimiento del procedimiento previsto en las normas que regulan el quehacer judicial en la materia”.
“Este hecho se agrega a la serie de desvíos que desde dicha especialidad auxiliar de la Justicia viene perjudicando al sistema de riesgos de trabajo. UART informó con anterioridad acerca de los sobrecostos que generan los peritajes que no se atienen al Baremo -que podrían llegar a la exorbitante suma de 188 mil millones de pesos adicionales a pagar en sentencias de juicios pendientes-, como así también al abuso en la aplicación del concepto de ‘incapacidades psicológicas’ en causas judiciales de lesiones tales como esguinces y torceduras, entre otras, por citar solo dos de las más frecuentes”, afirmaron las ART.
Esta irregularidad en la asignación de las causas saltó a la luz a raíz de la imposibilidad de ubicar a dos médicos que supuestamente fueron sorteados como peritos. Al constatar la falta de datos sobre los mismos, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 realizó un arqueo y pudo constatar que en 24 causas iniciadas contra nueve ART se omitió el protocolo del sorteo reglamentario y se asignaron las mismas a médicos que no figuraban en el listado oficial. Los casos descubiertos hasta el momento se extienden de mayo a octubre de 2016.
Ante esta situación, la jueza Funes Montes, a cargo del Juzgado de Trabajo Nº 34, inició una causa penal que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 25 a cargo de la Dra. Palmaghini, Fiscalía Nº 47 de la Dr. Solimine, resultando imputados los dos médicos designados irregularmente y el empleado del juzgado supuestamente involucrado en la maniobra en cuestión, quien fue cesanteado del Poder Judicial.
Asimismo, la Unidad de Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social (dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) se presentó en la causa penal que lleva adelante la Dra. Palmaghini.
“Esta es una muestra adicional de las falencias en el quehacer pericial en el ámbito de la Justicia Laboral y vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de dar cumplir con lo establecido en la Ley 27.348 en cuanto a la intervención del Cuerpo Médico Forense o la formación de Cuerpos Médicos Periciales específicos para valoración del daño en el ámbito de la Justicia, aspecto que desde la UART se viene solicitando desde la aprobación de la Ley en febrero de 2017. Con esto, la Ley 27.348 además exige que los honorarios de los peritos judiciales no estén acoplados al monto del juicio y que cobren exclusivamente por la tarea realizada, además de que utilicen el Baremo como instrumento para determinar la incapacidad”, consideró la Unión.
