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En lo que constituye un compromiso que se renueva anualmente, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia de Chaco, Jorge Gómez, acordaron continuar trabajando en conjunto para mejorar las condiciones laborales de los establecimientos productivos de la región.
Convenio de la SRT con el gobierno de Chaco
Acompañados por el gerente general de la SRT, Fernando Pérez y el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales, Leandro Trica, los funcionarios firmaron un convenio específico a través del cual las partes se comprometen a ejecutar acciones en esa dirección. El organismo de control asigna recursos destinados a la capacitación de quienes inspeccionan los establecimientos y colabora con recursos humanos y materiales, entre otros ítems.
La Administración de Trabajo Local chaqueña apunta a cumplir las metas inspectivas propuestas en el convenio y a asignar todos los recursos que sean necesarios en esta tarea. En aquellos establecimientos que presenten índices de siniestralidad elevada, las partes acordaron implementar planes preventivos focalizados, previstos por la SRT, para reducir la accidentabilidad.
Litigiosidad laboral
La litigiosidad laboral constituyó uno de los tópicos sobre los cuales los funcionarios hicieron hincapié. El cómo reducir su impacto en la economía y qué herramientas utilizar son elementos sobre los cuales la SRT viene trabajando desde hace tiempo.
En este punto, se remarcó la necesidad de conformar un cuerpo de peritos profesionales que actúen en los tribunales laborales empleando el mismo baremo que el que se utiliza en las comisiones médicas de la SRT, como un mecanismo que unifique criterios de valoración del daño y donde estos no estén atados a la remuneración de los profesionales actuantes.
Si bien desde la sanción de la ley 27.348 la judicialización laboral disminuyó su impacto sobre el sistema de riesgos del trabajo, aún continúa siendo un contratiempo. Los casos que se litigan generan un sobrecosto laboral que se materializa a través de mayores alícuotas, que reflejan mayores costos de las indemnizaciones pagadas en la Justicia.
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