Ayer tuvo lugar el primer Coloquio Anual del Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) en el Alvear Palace Hotel, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se anunció que el Banco Central y el Ministerio de Economía están elaborando una nueva tasa de referencia aplicable exclusivamente para la actividad judicial, con la que se buscará poner fin a los problemas de inseguridad jurídica derivados de los diferentes criterios de actualización de las indemnizaciones que establecen los tribunales y, en muchos casos, no se ajustan a criterios de razonabilidad. A continuación, Todo Riesgo informa acerca de las temáticas que fueron expuestas luego de la apertura.
Panel “Actualidad de los desafíos – Cuantificación de daños”
La gerente legal de Siniestros de La Caja, Fabiana Compiani, advirtió que “en la Argentina hay quince millones de vehículos que circulan. El 40% de autos y motos circulan sin seguros”.
Según el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “se producen 4.369 muertes anuales por accidentes viales en 3.642 siniestros”, una cifra que permanece más o menos estable en los años y que, de acuerdo con Compiani, “marcan una estabilidad en la ausencia de políticas públicas para evitar estos accidentes”.
“El crecimiento de una sociedad implica más vehículos y más accidentes, y se requieren políticas que eviten esos siniestros”, dijo Compiani. “El problema es que no es sólo estadística, sino que implica a personas. Esas personas que mueren son mayoritariamente de entre 18 y 35 años. La mayor utilización de motos por parte de jóvenes se correlaciona con un incremento de las muertes en el manejo de esos vehículos”.
Compiani informó que “se pagan por accidentes de automóviles 3 millones de siniestros por año” entre accidentes, incendios y robos. Además, existen “500 mil juicios pendientes, con demoras en pericias y fallos”. Consideró que el sistema de mediación “no es un fracaso”. Sólo se resuelven por esa vía el 12% de los litigios y hay que mejorar esa instancia.
Ciudad de Buenos Aires
Por su parte, Roberto Parrilli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que “la cantidad de siniestros se producen por deficiencia en seguridad vial y un parque automotor que circula en condiciones precarias. Algunos circulan con garrafas o bidones de nafta”.
“La mayoría de calles doble mano no están señalizadas. Los sectores de más bajos recursos, que no pueden acceder al transporte público, recurren a la moto o a la bicicleta, que intervienen en el 40% de los litigios, en general”.
“El déficit social genera déficit fiscal. Porque la falta de servicios genera mayores costos”, advirtió el magistrado. Señaló que “los litigios se transforman en juicios”. Además, apuntó que “es muy difícil que alguien pueda conciliar una demanda cuando existe una inflación tan elevada” que dificulta la previsibilidad.
Propuso “ir a una ley específica sobre el tema vial que debe considerar un procedimiento previo de oferta que tiene que hacer la aseguradora”. “Sería un sistema de premios y castigos para que la aseguradora que no pague en tiempo y forma pague un porcentaje mayor”. “Aunque no podemos ir en contra de litigar sin gastos, si la justicia considera que lo que el demandante pedía estaba de más, éste debe hacerse cargo de las costas”, añadió.
Instituto Argentino de Salud Médica
Por su parte, Pablo Pescie, director del Instituto Argentino de Salud Médica, advirtió sobre la falta de criterio unificado en cuanto a la medicina del seguro. “Es como si uno va a un médico y le dice que tiene una cosa, y va a otro y le asegura que tienen otro diagnóstico”, indicó.
Propuso mejorar la medicina del seguro a partir de una mayor capacitación de los médicos. “Para ello es necesario organismos que trabajen en esa especialización”, afirmó. Además, sostuvo que “debe haber organismos administrativos que controlen esta especialidad médica”.
Pescie apuntó también a reducir las diferencia de criterios entre las juntas médicas privadas y los criterios oficiales e, incluso, entre distintas jurisdicciones (provincias) a la hora de evaluar los daños y sus consecuencias.
“Vemos dentro de la práctica diaria falta de lógica de informes entre las causas y la secuelas”, dijo Pescie. “Todo este panorama genera imprevisibilidad al sector y, por lo tanto, va en detrimento de su crecimiento y mayor profesionalización”, consideró.
Panel “Actualidad de los desafíos – Buenas prácticas”
En la Argentina, hay dos millones de siniestros de autos al año. Se supone que el equivalente al 10% de la población va a ser afectada por algún accidente. Los datos corresponden al panel sobre buenas prácticas en el marco del Coloquio CIDeS 2024.
Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación, enfatizó que “el objeto del contrato de seguros es pagar siniestros. Lo que se judicializa es lo patológico”.
AACS
Al respecto, Gustavo Trías, presidente de Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), señaló que “los juicios pendientes en el sector (sin incluir riesgos del trabajo) son 220 mil; entre ellos, entre transporte y autos son 200 mil”.
“El parque automotor está integrado por 12,5 millones de vehículos asegurados que producen 2 millones de siniestros. Esto significa que una vez cada 5 años y medio ese vehículo va a tener un accidente”, agregó.
Trías dijo que “hay 140 mil víctimas de accidentes de tránsito al año. Eso quiere decir que, en 20 años, el 10% de la población va a ser damnificada”. “Este flagelo deviene en reclamos a la actividad aseguradora. De esos 2 millones de siniestros, el 95% se resuelve por vía administrativa, el 5% pasa a etapa de mediación y el 68% que estuvo en mediación se resuelve en esa etapa”, añadió.
El presidente de AACS indicó que “más del 90% de los casos que van a juicio, lamentablemente, es porque la parte actora no tiene ninguna intención de cerrar la causa en estado de mediación”. Al respecto, detalló que “sóloel 1,6% en el ramo automotores se judicializa”. Sin embargo, presentó el costo total promedio abonado en cada instancia y la grave distorsión que los casos que se judicializan significan para el sistema.
ADEAA
Por su lado, Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), sostuvo que el sector debe encarar “desafíos internos”. “Todos estamos en etapa de profesionalización. El otro tema es la solvencia y lo relativo a las buenas prácticas vinculadas a la información, los procesos y la mecánica del pago de siniestros”, explicó.
Felizia consideró que el problema “no se refiere a la judicialización porcentual, que es baja, del 1,6%”. “Es imprescindible que el resto de los operadores entiendan que lo nuestro es un sistema, que tenemos normas que regulan la actividad, reglas técnicas, capitales mínimos”, enfatizó.
El empresario destacó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que prevalece la ley especial por sobre la ley general posterior que es la Defensa del Consumidor”. Añadió que “la Corte protege al sector como sistema, pero hay tribunales inferiores que no la siguen”. “El tema es la cuantía de los juicios. Hay provincias en las que los jueces terminan desconociendo la doctrina de la Corte. Este sistema asegurador tiene que ser protegido en beneficio de la patria”, enfatizó.
ADIRA
Por su lado, Juan Carlos Mosquera, presidente de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA), dijo que “nuestros asegurados tienen que tener claro qué es lo que contratan”.
“Hay que trabajar tanto desde las aseguradoras como desde los productores, que tienen contacto con el cliente. Tiene que haber empatía con el asegurado. Si logramos llevar a la práctica, seguramente vamos a reducir costos y tener clientes más satisfechos”, señaló.
Panel “Criterios de actualización”
El Banco Central y el Ministerio de Economía están elaborando una nueva tasa de referencia, aplicable exclusivamente para la actividad judicial, con lo que se buscará poner fin a los problemas de inseguridad jurídica derivados de los diferentes criterios de actualización de las indemnizaciones que establecen los tribunales y, en muchos casos, no se ajustan a criterios de razonabilidad. La información fue confirmada por Roberto Vázquez Ferreyra, socio del estudio jurídico homónimo durante su participación en el primer Coloquio CIDeS.
Vázquez Ferreyra participó del debate sobre “Criterios de actualización” junto al juez de la Cámara Civil de Córdoba, Federico Ossola, y el socio de PwC Argentina, Hernán Pérez Raffo. Los disertantes coincidieron en los inconvenientes de establecer indemnizaciones “justas y razonables” en un contexto de alta inflación y demoras en la ejecución de las sentencias.
Córdoba
“La inflación es un cáncer que corroe todo”, manifestó Ossola. Advirtió que en la Justicia “no hay tarifación y todo queda supeditado a lo que invoque el damnificado y a lo que resuelva el juez”, decisión que toma otro cariz cuando un juicio se demora y retrasa el pago de la indemnización.
Al respecto, criticó el caos jurisprudencial con diversos criterios de actualización y jueces que fijan tasas de interés que cada vez son mayores. Pero también puso de relieve que la parte aún vigente de la Ley de Convertibilidad “prohíbe indexar, algo que no resiste más con una inflación del 200% anual”.
Por tal razón, destacó varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indicaron que los fallos no pueden ir desacompasados de la realidad económica.
PwC Argentina
En el mismo orden, Pérez Raffo advirtió que “las primas que financian los casos que se resuelven hoy se decidieron antes de la pandemia y el asegurador tuvo que invertirla para hacer frente a la inflación”.
En cuanto a la disparidad de criterios, planteó que, en el lapso transcurrido entre enero de 2016 y diciembre de 2020, de un capital inicial de un millón de pesos, la prima del asegurador al final de ese período llegó a 3,27 millones, la actualización por IPC a 3,8 millones y el criterio de una Cámara Civil fijó una indemnización de 10 millones. “Es por eso que los asegurados eligen jurisdicciones más ventajosas y se dilatan los procesos”, aseveró.
Estudio Vázquez Ferreyra
Vázquez Ferreyra resaltó los criterios de la Corte Suprema, “que está buscando seguridad jurídica con razonabilidad” en un marco signado por criterios divergentes.
Por ejemplo, indicó que, días atrás, la Corte sentenció que no se pueden actualizar indemnizaciones por CER por no tratarse de una tasa de interés y que poco después la Sala 8 de la Cámara de Trabajo dispuso todo lo contrario.
Ante ello, Vázquez Ferreyra puso de relieve la buena noticia de la reunión de funcionarios del Banco Central y el Ministerio de Economía “a los efectos de buscar tasas de referencia para la actividad judicial, sólo aplicable para los juicios, con lo cual se terminarían todos estos problemas”.
“Creo que vamos por buen camino. Si se termina la inflación, se terminan los problemas, y, por otro lado, habrá una tasa de referencia para que apliquen todos”, resaltó. Finalizó confiando en que si se llega a la estabilidad de precios, “Dios quiera que dentro de un año no tengamos que tratar estos problemas”.
Ministerio de Justicia
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, propuso aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas estafas. Según el funcionario, las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan “un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va más allá porque afecta a la economía en general”.
En la actualidad, “estas maniobras tienen penas de entre uno a seis años de prisión porque se trata como una estafa común. Si es tentativa, es mucho menor, por lo que puede haber probation”. “La pena de fraude a compañías de seguro no puede ser tan baja. Tenemos que aumentarlas, como pasa en Alemania o España”, dijo el ministro de Justicia.
Adelantó que impulsará ese agravamiento en las penas en la modificación del Código Penal, que data de 1921, aunque contiene cambios que se introdujeron durante más de un siglo. Además, el ministro propuso también ir en la búsqueda de los bienes obtenidos por los implicados en estas estafas.
En el marco del primer Coloquio CIDeS, el funcionario manifestó que comparte que debe bajar la litigiosidad en el sector y la necesidad de crear un cuerpo médico forense para la revisión de las denuncias por accidentes. Instó a trabajar de manera conjunta en la investigación de las falsas denuncias.
Panel “Problemática judicial en riesgos del trabajo”
Funcionarios, aseguradores, empresarios y representantes de los trabajadores coincidieron en la necesidad de que se constituyan los cuerpos de peritos forenses que actúan en los juicios laborales. Así lo señalaron en el marco del Coloquio CIDeS.
Mendoza
Por su lado, Dalmiro Garay, titular de la Corte de Justicia de Mendoza, presentó el esquema de reformas que hay en la provincia cuyana, que al momento es la única que tiene establecidos los peritos forenses que dispone la ley. En siete años de reformas, pasaron de 28 mil juicios anuales a unos 15 mil. “Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio jus, que hoy son 200 mil pesos por pericia”, dijo el magistrado.
SRT
Fernando Perez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), indicó que ese organismo de control procurará continuar este año con las provincias que no están adheridas a la Ley de Riesgos del Trabajo. Dijo que “no hay equilibrio entre lo que dictamina el sistema y lo que dictamina la Justicia; que todos trabajen con el mismo baremo y que los peritos no tengan atados sus honorarios a los resultados de los juicios”.
“Vamos a conformar el cuerpo de peritos en las cortes provinciales. Vamos a simplificar el baremo”, explicó el funcionario.
UART
En tanto, Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advirtió que la fuente de litigiosidad del sistema es la diferencia que hay entre los fallos de los jueces y las indemnizaciones que ofrece el sistema. “Mientras haya una brecha la indemnización del sistema es el piso”, indicó.
“Por un lado, se han ido bajando los siniestros y, como contracara de eso, hubo un incremento de la litigiosidad. En 1996 teníamos 149 fallecidos por millón y en 28 años logramos bajarlo a 31,9. Bajó un 80%. Salvamos 17.700 vidas y se evitaron casi 4 millones de accidentes”, señaló Bettiol.
La titular de la UART explicó que “falta la conformación de los cuerpos médicos forenses, con honorarios no atados al resultado del juicio”. Puso como ejemplo que “el 88% de los juicios fueron casos de incapacidad cero”.
UOCRA
Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), rechazó versiones que indicarían que el gobierno buscaría fusionar a la Superintendencia de Seguros de la Nación con la de Riesgos del Trabajo. “La superintendencia es un subsistema de la seguridad social y queremos que se mantenga esa diferencia. La superintendencia tiene que tener una competencia determinada”, dijo Martínez, quien se mostró a favor de impulsar una ley de prevención de riesgos.
CAME
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, también coincidió en la necesidad de que los peritos forenses tengan honorarios tarifados.
Panel debate sobre iniciativas legislativas
Cinco legisladores nacionales de diferentes bloques coincidieron hoy en que hay consenso en la actualidad para avanzar en un recambio integral de la legislación para el sector del seguro, cuyo marco normativo data de hace casi seis décadas. Así lo expresaron la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y los diputados Luciano Laspina (Propuesta Republicana), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Rodrigo de Loredo (Unión Cívica Radical) y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza).
Unión por la Patria
Fernández Sagasti planteó que “a todos los argentinos nos conviene que la litigiosidad baje” y que, en consecuencia, “los seguros tienen que adaptarse a la nueva realidad”, si se tiene en cuenta que “hay mucha proliferación de proyectos que son parches de la ley actual que data de 1967”.
Por lo tanto, la senadora por Mendoza abogó por “un recambio integral de la ley”, convencida de que “tener una industria del seguro robusta tiene que ver con el desarrollo que necesitamos”.
Como forma de “evitar la industria del juicio”, la dirigente de UxP propuso la adopción de la denominada “oferta motivada”, consistente en “darle a los interesados todo tipo de información para que se sepa por qué se llegó a determinada oferta patrimonial por el daño”.
Propuesta Republicana
Por su parte, Laspina destacó que “hay clima en el Congreso para revisar y avanzar en las reformas”. Destacó al respecto la sanción de la Ley de Bases y la revisión de todo el digesto jurídico, en lo que se conoce popularmente como Ley Hojarasca.
No obstante, advirtió que “el lobby de los abogados es muy fuerte” y que, en el sistema judicial, “todo está armado para inflar el globo de las sentencias”. De todos modos, rescató la existencia de “una masa crítica” para impulsar “el consenso de reformas” y que haya “un Gobierno que quiere empujarlas y mayorías que fluctúan, pero que están dispuestas a dar el debate”.
Encuentro Federal y La Libertad Avanza
En ese sentido, Massot llamó a tener “cuidado con pensar que el consenso tiene que estar sólo de este lado”, en referencia al Parlamento, en un razonamiento completado por Mayoraz, quien a su turno dijo que esas reformas “dependen de que todos los actores del sistema hagan los controles necesarios, no sólo los legisladores”.
El diputado de LLA reiteró conceptos de paneles previos y defendió la aplicación de criterios lógicos para todos los casos. Si bien se manifestó partidario de litigar sin gastos, también alertó que eso “no debe ser una vía de salida para litigantes irresponsables”.
Unión Cívica Radical
Por último, De Loredo celebró que “el Gobierno quiera abordar esta temática” y puntualizó que se necesitan “contrataciones transparentes en los servicios de seguros” para el Estado.
Al respecto, señaló que “el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con sus errores o no, viene a comprar una estabilidad y previsión que la Argentina no tiene”.“Es un clima de época que está habilitado a reformas. Va saliendo lo que se puede y se va mejorando”, finalizó.
Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, propuso una serie de reformas legales para el sector de seguros, entre ellas limitar el derecho de litigar sin costos y también sancionar a las empresas que no ayuden en las instancias de mediación.
“Es necesario una modernización de la legislación en materia de seguros. La que tenemos lleva más de 60 años”, dijo Menem durante su presentación en el Coloquio 2024 del CIDeS. Ante cientos de empresarios del sector, el legislador lo invitó a que “presenten proyectos, a que debatamos esta situación. Modernizar el Estado es desregular y potenciar las capacidades del sector privado”.
En cuanto a las propuestas para reformar las leyes vigentes para el sector, señaló que “nosotros pensamos que, a futuro, se podrían fijar límites sobre a quiénes se debe beneficiar con el derecho de litigar sin costos”. También propuso “sumar la implementación de un cuerpo médico forense para evaluar daños para evitar informes distorsionados, como suele ocurrir”.
Menem también consideró que, en leyes futuras, “deberían fijarse sanciones para quienes soliciten indemnizaciones exageradas”, como así también “multas para las aseguradoras que no ayuden en las instancias de mediación”.
Menem dijo: “Si bien parece útil hablar de la litigiosidad en la economía, habría que analizar el impacto que tiene la economía en el estratosférico aumento de la litigiosidad”. “Es indudable que la inflación, que este Gobierno busca terminar, conspira contra los negocios”, afirmó. Puso como ejemplo que cuando se interpone una demanda, y se lleva adelante la acción judicial, cuando se produce el fallo, la indemnización es un porcentaje menor a lo fijado y los jueces toman distintos criterios para reajustar los montos. El presidente de la Cámara Baja apuntó a que “los jueces no son economistas y les es muy difícil actualizar (indemnizaciones) por hechos ocurridos hace diez o quince años”.
“Todo este gasto de energía a la hora de fijar la forma de reajuste se terminaría si no hubiera existido el nivel de inflación que tuvimos en los últimos años”, dijo el legislador de La Libertad Avanza. “Por eso, es vital que todos acompañemos el esfuerzo que está haciendo nuestro Gobierno para terminar con la inflación”, dijo Menem.
Procuración del Tesoro – Andrés de la Cruz
El subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, aseguró que “la industria del seguro aporta a la economía al uso más eficiente del capital”, al tiempo que señaló que “nuestra sociedad pide previsibilidad”. “El manejo prudente de los conflictos tiene que ser parte del Estado”, afirmó.
El abogado del Estado Nacional planteó algunas opciones que están previstas en la Ley de Bases y que evitan que desde el sector público mismo se incremente la litigiosidad. Señaló que en el artículo 65 de la Ley de Bases sobre Contratos “se establece la práctica de agotar las instancias previas a la judicialización”. En ese punto de la ley, se permiten acuerdos ante supuestos incumplimientos contractuales del estado. “El acuerdo transaccional tiene que ser fundado y conveniente para el Estado. La quita no debe ser menor al 30% de la acreencia sobre la que verse la controversia, debe contar con dictámenes de la SIGEN y la Procuración. Lo importante es que el Estado puede asumir un rol para disminuir su propia litigiosidad”, explicó.
Por otro lado, recordó que en el caso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) está previsto que en una etapa previa el Estado pueda recurrir al arbitraje antes de llegar a la vía judicial en el caso de los inversores locales. Cuando se trate de extranjeros, pueden recurrir a la instancia del CIADI.
“Un manejo disciplinado del litigio a través de la Ley de Bases puede tener un rol ejemplificador. Un conflicto con el Estado implica que el Estado tiene que aprender a jugar con las reglas de los particulares”, señaló de la Cruz.
Secretario de Finanzas de la Nación – Pablo Quirno
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, le pidió ayer a los empresarios del sector de seguros que “nos ayuden a agrandar la torta porque con el crecimiento económico ganamos todos”.
Quirno formuló estas declaraciones en el cierre del Coloquio 2024 del CIDeS.
“Desde el Gobierno, nosotros estamos generando condiciones para que el sector privado se desarrolle porque es el único generador de riquezas. El Estado no genera nada”, dijo Quirno.
“Nosotros sólo somos los cancheros de la cancha. Pintamos las líneas y ponemos las redes, pero los que juegan son ustedes. Nosotros le tenemos que dar leyes para que ustedes se puedan desarrollar”, comentó. “Vamos a desregular y a escucharlos. Necesitamos que ustedes se hagan dueños de esto para que el sector de seguros se desarrolle e invierta porque sin crédito, el país no crece. Acá el negocio es agrandar la torta, ayúdennos a agrandar esa torta”, pidió.
El funcionario destacó que desde la presidencia de Javier Milei “comenzamos a generar las condiciones” para el desarrollo económico y es “atacar las causa de fondo que es el déficit fiscal”. “Vivimos atacando las causas del déficit fiscal con controles de precios, cepo y default, pero esas son las consecuencias y no las causas del déficit”, advirtió. “Milei atacó las causas, el déficit fiscal. Y eso nos llevo a atacar otra de las razones que es la falta de credibilidad que genera escepticismo general, lo que es perjudicial para un plan económico. Por eso,el diseño del plan no podía depender de una ley del Congreso. Nosotros anunciamos el 12 de diciembre que íbamos a llegar al equilibrio fiscal”, indicó.
“La primera semana de febrero llegamos al equilibrio fiscal y financiero. Eso se repitió en marzo, abril,mayo y junio. El equilibrio fiscal vino para quedarse. Nada de lo que nosotros hagamos va a afectar ese principio”, dijo Quirno. “Ese es el camino que nos permitió bajar la inflación más rápido de lo que se esperaba. Entre las expectativas y la realidad hay 50 puntos porcentuales de inflación”, aseguró el funcionario.
“¿A qué nos lleva la baja de la inflación? A que los salarios reales comiencen a subir. Además, al retirarse el Estado de la toma de financiamiento, eso llevó a una expansión del crédito que es inédita”, añadió. “Nosotros estamos dispuestos a escuchar iniciativas que tengan costo cero para nosotros y, por eso, no le podemos dar el RIGI a toda la economía”, dijo Quirno.
“Pensemos en grande porque agrandar la torta es el camino. Es el momento de invertir y que el sector privado se desarrolle”, enfatizó el funcionario.
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