Hoy se está llevando a cabo el primer Coloquio del Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) en el Alvear Palace Hotel, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Se realiza bajo el lema “El impacto de la litigiosidad en la economía argentina. Jurisprudencia y seguros. Propuestas legislativas y normativas en Argentina, y su impacto a través del seguro en el entorno competitivo y el crecimiento económico de la Nación”.
Litigiosidad
Allí, el presidente del CIDeS, Alejandro Simón, destacó el incremento de la litigiosidad judicial en la industria del seguro. Al mismo tiempo, enfatizó sobre la falta de uniformidad de criterios jurisprudenciales que determinan resultados diferentes ante casos análogos.
“Quiero expresar el firme compromiso de contribuir al desarrollo sostenible a través de una industria aseguradora cada vez más consolidada”, afirmó al abrir el Coloquio CIDeS 2024.
Además, Simón dijo que el sector del seguro sufre el “flagelo de la judicialidad”. Al respecto, mencionó “la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables (cuyos costos incluso no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud) y los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”.
También sostuvo que el mecanismo de mediación obligatoria demostró ser ineficaz para evitar que los conflictos terminen en causas judiciales.
Superintendencias
Sobre el tema, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que “la ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad” cuando se sancionó en los años ‘90. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120 mil juicios laborales anuales a sólo 40 mil. “Hoy, lamentablemente, volveremos a estar con un saldo de 120 mil juicios. La solución es cumplir con la ley”, afirmó Morón. Añadió que “necesitamos el compromiso de todos los actores del sistema”.
Por su lado, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, enfatizó que “se necesita tener una superintendencia fuerte, que supervise y pueda ayudar a la Justicia”. “El proyecto que tengo se inscribe en el proyecto general del Gobierno: transparente, eficiente y profesionalizado, apuntando a la desregulación del sector”, sintetizó. Al respecto, explicó que la desregulación implica “establecer regulaciones que se puedan cumplir y eliminar las que no se pueden controlar”.
Plate dijo que “los privilegios se tienen que eliminar”. “Hay que eliminar registros que no sirven para nada. Acabo de eliminar un seguro obligatorio que se le impone a una persona que iba a tomar un viaje de larga distancia sin que lo supiera. Así no es como se capitaliza el sistema”, consideró el funcionario.
Plate informó también que “hay aseguradoras que excluimos del sistema porque llenaban de juicios los juzgados”.
Corte Suprema
En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la Argentina necesita una planificación institucional para evitar la excesiva litigiosidad. Por ello, abogó por la conformación de procesos pre-judiciales a fin de conseguir que no todos los conflictos lleguen a la instancia de los tribunales.
Al disertar en el Coloquio CIDeS 2024, Lorenzetti alentó la formación de “agencias” que aceleren la solución de las controversias y que cuenten con los incentivos necesarios para ello.
El magistrado se refirió a la “excesiva litigiosidad” que implica que “los conflictos van a los litigios, cuando no son lo mismo. Puede haber muchísimos conflictos, es natural, pero no todo ese caudal tiene que ir al Poder Judicial”. Para Lorenzetti, eso ocurre no sólo en la Argentina, sino “a nivel global” debido a que “estamos asistiendo a un cambio en el estatuto del poder constitucional, que surge porque los poderes Ejecutivo y Legislativo, creados y diseñados hace 200 años, no tienen hoy las reformas adecuadas para responder con celeridad a los problemas actuales”. “Estamos en crisis de gobernabilidad en todo Occidente porque las demandas son aceleradas y no hay tiempo para resolverlas”, advirtió.
En consecuencia, señaló que “los problemas complejos se trasladan a los poderes judiciales”. Puso como ejemplos que “la crisis económica del ‘corralito’, los crímenes de lesa humanidad y los problemas del sistema jubilatorio, todo ellos pasaron enteros al Poder Judicial”.
Poder Judicial
De acuerdo con el juez, lejos de solucionarse, los problemas se agravaron en la medida en que “la reestructura del Poder Judicial no sólo no creció, sino disminuyó en la cantidad de jueces y juezas”. “En la Argentina estamos acostumbrados a que los problemas no se resuelvan, más bien se trasladan. Los de la litigiosidad los hablamos infinidad de veces y nunca los resolvimos”, planteó.
Sin embargo, aseveró que “el problema de la excesiva litigiosidad no beneficia a ninguna de las partes, pero es soluble. Es hora de que nos pongamos a resolverlo, respetando ciertos valores fundamentales: respetar los contratos, limitar las emergencias e intervenciones y buscar soluciones de política de Estado para ir a la causas”.
Lorenzetti instó a “encontrar un diseño institucional en el que existan agencias que no estén sometidas a recurrentes procesos electorales ni tampoco sean judiciales, pero planifiquen la solución de estos problemas”, con participación de representantes del oficialismo, la oposición y técnicos con miras de “mediano y largo plazo”.
Complejidad
En ese sentido, indicó que “los problemas no se solucionan sin un análisis complejo de lo que ocurre” ya que advirtió que habitualmente “no se prevén complejidades causales de mediano y largo plazo”. “Cuando decimos que hay que analizar la complejidad de las consecuencias no previstas hablamos de cosas muy concretas”, aseguró, para poner como ejemplo el crecimiento del uso del automóvil en las grandes ciudades y remarcó al respecto la reacción de muchos municipios en el mundo para reducir la circulación en los cascos urbanos. Son efectos no tenidos en cuenta en la planificación original.
Manifestó también que no es posible ni deseable evitar el control difuso ya que evita la concentración de poder y habló de mecanismos como el de Casación para perfeccionar el funcionamiento.
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