Todo Riesgo dialogó con Antonio García Vilariño, socio de Contadores Auditores Amigo, Valentini y Cía.
¿Qué se puede destacar de los balances recientemente cerrados correspondientes al ejercicio 2016/2017?
Los balances del ejercicio 2016/2017 presentaron primas por más de 272 mil millones de pesos, con una tendencia en cuanto a evolución de más del 28% comparado con el ejercicio anterior, lo cual de alguna manera supera la inflación. Siempre nos preocupan los resultados técnico y financiero. Si bien el resultado técnico mejoró frente al ejercicio anterior, ya que la pérdida había sido del 14% (en grandes números) y en el pasado ejercicio fue del 10%, hay que tener en cuenta que estos balances contienen un cambio en el método de cálculo de las reservas, que en muchos casos no está impactando porque está diferida la amortización. De acuerdo con la información que tengo, el 50% de las compañías optó por el diferimiento: un 25% eligió hacerlo en cuatro trimestres y el otro 25%, en ocho trimestres. Por otro lado, el resultado financiero fue menor porque pasó de un 31% (que es un porcentaje fantástico por otro momento de la economía, con otra inflación) a un 22%. Además, hubo mejoras en el resultado de riesgos del trabajo y automotores. En conclusión, hubo limitaciones en cuanto a reservas, pero los balances fueron positivos, siguieron una buena tendencia.
Para este ejercicio, que empezó hace más de tres meses, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Crees que va a continuar la tendencia del último ejercicio o que algún índice cambiará?
Hay una tendencia al resultado negativo inicial por el diferimiento. Pero el impacto no sólo está en el diferimiento por amortizar reservas en cuatro u ocho trimestres, sino también por el hecho de evaluar las reservas con el nuevo método. Además, hay casos como el de riesgos del trabajo, donde si bien hay jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron una merma en la judicialidad por la adhesión a la nueva ley, hay otras jurisdicciones donde la no adhesión provoca un impacto importante en la litigiosidad. Este tipo de situaciones distorsiona el análisis.
¿Cuál es la importancia de la resolución 40.834?
Yo me guío mucho por los fundamentos de la norma. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) habla de protección en cuanto a mantener control sobre el mercado, habla de libertad en cuanto a que realmente las aseguradoras puedan operar con libertad y habla de dinamismo, de modernización y demás. Esto es lo fundamental. Una norma que dinamice las aprobaciones de carácter general y que facilite los planes de carácter particular al poder ser autorizados en menores plazos si se cuenta con un informe de un director, de un Directorio, de un actuario, de un abogado. Esto es lo que sucede en todo el mundo. La SSN, cuando llegaron las nuevas autoridades, se encontró (más allá del tema caducidad, que es un tema complejo que había generado muchos expedientes) con una gran demora para aprobar nuevos productos. Todos sabemos que esa demora, y a veces la falta de recursos humanos, generaba que cada 90 días hubiera que hacer un replanteo. Este nuevo proceso implica adaptarse a una Argentina diferente. Hoy, el superintendente habla de pólizas digitales, de emisiones sin papel, de códigos. Todo esto produce un cambio metodológico y de procesos.
Uno de los grandes temas de este año tiene que ver con la cobranza, con la nueva normativa vinculada con la cobranza de seguros. Las compañías plantean el problema suscitado con el cobro en efectivo, pero igual están de acuerdo con esta nueva modalidad. ¿Cómo percibís que las aseguradoras están llevando adelante la implementación?
Las compañías en general aceptaron el tema. Es una realidad que hay una gran bancarización, pero las aseguradoras ven mucha complejidad en instalar muchos controladores fiscales. El mayor conflicto surgió, inicialmente, por la postura de los productores asesores. Aunque creo que están entendiendo que en la medida en que tomen los recaudos para actuar de acuerdo con la norma, también les va a ayudar a combatir la marginalidad o la venta fraudulenta, ilegal o trucha (por decirlo vulgarmente).
Hablanos de la resolución 40.422.
La resolución 40.422 es la última relacionada con el reaseguro. Define una reapertura más intensa del mercado. Establece un capital mínimo de 350 millones de pesos para diciembre de 2019 y que las compañías pueden reasegurarse con empresas extranjeras en un porcentaje creciente (actualmente, es del 50%) hasta una liberación del 75% en julio de 2019. Considero que el reaseguro local tuvo un buen comportamiento: los reaseguradores locales respondieron. Se pensaba que iban a desaparecer muchos operadores, pero esto no sucedió. Creo que hay seis o siete operadores que van a ser muy activos y hay otros que tienen carteras cautivas. Considero que el sistema es positivo y que se necesita un reaseguro muy fortalecido para atender los seguros gravitantes, como el ambiental y el agrícola, que el Gobierno está buscando desarrollar. También se necesita reaseguro para determinados productos de vida y retiro, que también están siendo apuntados por el Gobierno.
