La sanción en diciembre de 2021 del decreto 823 del Poder Ejecutivo Nacional consolidó a nivel nacional una práctica que, con lógica, se venía profesando en diversas provincias. Es que, esencialmente desde dicho decreto, el patrimonio del Estado Nacional se asegura con su compañía: Nación Seguros.
El antecedente directo de esta norma lo encontramos en la ley 16.793, que en 1965 estipuló que la contratación de seguros para la cobertura de todos los riesgos del Estado Nacional debía realizarse con la estatal Caja Nacional de Ahorro y Seguros. A fines de 1991, en el marco del proceso de las privatizaciones, la mencionada entidad pasó a manos privadas y modificó su constitución en pos del contexto que vivía la Argentina.
Racionalidad y control del déficit
En la actualidad, la racionalidad de los gastos del Estado y el uso eficiente de los recursos públicos son desafíos que trascienden diversos perfiles ideológicos. Existe cierto acuerdo en la necesidad de control del déficit fiscal. Partiendo de un razonamiento elemental que sugiere que el Estado Nacional contrate con sus organismos proveedores de bienes y servicios la satisfacción de sus necesidades en cada materia, es que Nación Seguros asume un papel importante como proveedora de seguros para la administración pública del país. Es que resulta contraproducente que el Estado, en este caso, el nacional, siendo accionista de una aseguradora, compre sus seguros en empresas privadas que, en definitiva, son sus competidoras en el mismo sector.
Este enfoque tiene implicaciones significativas. Contiene ventajas y desafíos que brevemente analizaremos en este artículo. De hecho, administraciones provinciales recorrieron este sendero que en gran medida conduce a un “círculo virtuoso”, toda vez que dispone la contratación de seguros en beneficio no sólo de un asegurador oficial –garantizando al organismo contratante obtener un costo razonable de cobertura–, sino también la eventual participación de otras entidades autorizadas del mercado asegurador y reasegurador argentino, ampliando su capacidad de cobertura, tendiendo a la mejor dispersión de los riesgos, restringiendo el uso innecesario de divisas y aportando al fortalecimiento de un mercado local de capitales.
Así encontramos a la provincia de Entre Ríos con el IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro); a la provincia de Buenos Aires con Provincia Seguros; a la provincia de Río Negro con Horizonte Seguros; y, más recientemente, a la provincia de Jujuy, que en 2022 creó la Compañía de Seguros de Jujuy Sociedad del Estado y la Compañía de Seguros Generales de la Provincia de Santa Cruz (que hasta el momento cuenta con aprobación de los instrumentos legislativos y ejecutivos provinciales). Todas ellas establecieron como política general para la administración provincial, y de manera permanente, la contratación obligatoria de la cobertura de los intereses patrimoniales y/o personales y de responsabilidad civil del Estado provincial por parte de los entes mencionados.
Podría decirse, entonces, que al contar con aseguradoras estatales para cubrir los riesgos de la Administración Pública, el Estado tiene un mayor control sobre la gestión de los recursos y la estabilidad financiera de las entidades, lo que puede ser relevante en momentos de crisis económicas. La participación activa del Estado en su doble rol de regulador y proveedor de seguros resulta importante para lograr sostener la dinámica económica de las aseguradoras y reaseguradoras, a la vez que preserva el patrimonio público. Esto genera beneficios para el conjunto de la sociedad ya que un menor gasto en seguros libera recursos para otras áreas de inversión pública, a la vez que contribuye a lograr un mercado asegurador sólido.
Necesidad de alianzas con el sector privado
Por último, hay que destacar la necesidad de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado. Nuestro país presenta un desafío complejo para lograr sus objetivos económicos y contener la salida de divisas. En este aspecto, y en el ámbito asegurador, resulta necesario generar alianzas entre compañías, sean estatales o privadas, para lograr mayor cobertura en riesgos complejos, evitando la necesidad de reasegurar en el exterior. Somos conscientes de que en múltiples ocasiones resulta inevitable. Pero también sostenemos que debemos profundizar la vinculación para retener la mayor cantidad de riesgos posibles con capital nacional.
Artículo escrito por Mauro Tanos, gerente de Sector Público en Nación Seguros. Posgrado en Derecho del Seguro (UCA). Master en Derecho Penal Económico Internacional (Universidad de Granada, España). Autor del libro Transparencia institucional. La columna será publicada en la revista Todo Riesgo de octubre.
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