Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), de acuerdo con los últimos datos disponibles correspondientes a mayo de 2022, están bajo cobertura 10.012.879 trabajadores y 1.030.287 empleadores, fruto del crecimiento del empleo privado. Así, las ART llegan al 26° aniversario del sistema, el 1° de julio, con este número auspicioso no sólo para el sector, sino para el país.
Además, desde lo cualitativo, esta fecha encuentra al sistema de riesgos del trabajo consolidado como un aspiracional social entre aquellos colectivos que aún no cuentan con la protección. “Este número, que se alcanza por primera vez, nos enorgullece y alienta a seguir trabajando en el crecimiento y perfeccionamiento constante, en un camino de permanente evolución y adecuación a los cambios y desafíos que impone el mundo del trabajo”, afirmó Mara Bettiol, presidente de UART.
Empleo
Tomando como fuente datos analizados por la UART, desde el mes de agosto de 2020, durante la pandemia en la que la cobertura alcanzó sus menores valores, se observa una recomposición del empleo del sector privado, que fue acompañada en menor medida por el sector público. Según datos del Ministerio de Trabajo, el empleo privado tuvo un aumento del 6,2%, lo que representa 350 mil nuevos puestos generados en mayor medida por los sectores de industria, construcción y comercio, mientras que el empleo público creció 3,3%, lo que se traduce en 100 mil nuevos trabajadores para dicho sector.
En los últimos meses, se observa una caída del aumento del empleo público frente al empleo privado, que crece lenta, pero sostenidamente.
Prevención
Otro de los puntos clave de la performance del sistema es, justamente, la prevención de los accidentes de trabajo. Y la tarea conjunta entre trabajadores, empleadores, aseguradoras y el Estado regulando y supervisando, demuestra haber sido efectiva. Si para el 25° aniversario las vidas salvadas alcanzaban las 14.300, tan sólo un año después, el techo se sigue elevando y son ya 15.400 las muertes evitadas, con una caída de más del 78% respecto de 1997 de siniestros fatales.
Sin embargo, ninguna cifra se concibe como un punto de llegada. El sistema siempre va por más y demuestra a las claras su contribución a un entorno laboral más seguro y protegido para los trabajadores.
Cobertura y prestaciones
La cobertura ante un accidente es inmediata e integral, sin ningún tipo de copago, y hasta la recuperación total o máxima posible. De haber secuelas, hay prestaciones dinerarias indemnizatorias del daño, tabuladas por un baremo que integra la Ley. Las mismas tuvieron fuertes incrementos entre 2012 y 2022, en base a la actualización automática por RIPTE.
Este cuadro de situación explica el carácter aspiracional del sistema de riesgos del trabajo. Toda vez que se lleva a cabo una encuesta de calidad de servicios o se presenta una nota periodística con testimonios de trabajadores que carecen de cobertura, surge la valoración y el reclamo de contar con ella.
El sistema hoy
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de febrero de 2022, 27% de los trabajadores cubiertos se desempeñaban en la Administración Pública/Defensa/seguridad social obligatoria, 12,5% en comercio, 12,4% en industria, 7,4% en enseñanza, 5.3% en transporte, 5,1% en actividades administrativas y 30%, el resto, en otras actividades.
Analizando los trabajadores cubiertos por provincia, 32,3% corresponden a provincia de Buenos Aires, 22,5% a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6,4% a Santa Fe, 6,4% a Córdoba, 4,4% a Mendoza y el 28% al resto de las provincias de la República Argentina.
Las provincias que adhirieron a la Ley N° 27.348/2017 son ya quince más CABA y entre todas concentran la mayor actividad económica.
A lo largo de estos años, el sistema enfrentó y superó enormes desafíos, como la reciente pandemia. Se atendieron hasta el 24 de junio de 2022 (último dato disponible) casi 527 mil casos, de una enfermedad ajena y extraña al sistema. La cobertura de las ART por COVID en la Argentina fue la más larga en el tiempo, la más abarcativa en cuanto a trabajadores alcanzados y la más integral por el tipo de prestaciones médicas y dinerarias, según la Federación Sindical Europea. Se demostró una vez más que el sistema de riesgos del trabajo responde, alcanzando y superando las expectativas, sobre la base de adaptaciones informáticas, organizativas, operativas y prestacionales permanentes.
Los desafíos pendientes
La contracara de la medalla, sin embargo, muestra un sistema que carga hoy con la doble mochila: los costos de la cobertura de COVID, en cuyo financiamiento se está trabajando pero no está resuelto, y también temas irresueltos de larga data, como litigiosidad, Cuerpos Médicos Forenses (CMF) e insuficiencia tarifaria.
A la infra-tarifación crónica, con una alícuota en baja constante (de un 2,63% en abril 2020, a 2,51% en abril 2021 y a 2,43% en abril de este año), se le sumó el problema del financiamiento del COVID. Inicialmente, tratándose de una enfermedad ajena al mundo laboral, se dispuso su cobertura con cargo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), constituido en origen para circunstancias excepcionales. Pero la extendida duración de la crisis sanitaria y la integralidad y extensión de la cobertura de COVID por parte de las ART, determinó su refondeo, y aun así, su actual insuficiencia determino la necesidad de constituir un fideicomiso (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 79/22). Su constitución y gestión por parte de un agente fiduciario profesional, como así también la obtención de financiamiento por parte del mercado, conlleva plazos que están lejos de verse cumplidos a la brevedad.
Otro aspecto crítico que pesa sobre el sistema es el alto nivel de litigiosidad. Luego de la reforma de 2017, esa litigiosidad exasperada y paradojal respecto de los resultados positivos en materia de prevención había comenzado a ceder. Pero la pendiente constitución de los Cuerpos Médicos Forenses por parte de las justicias jurisdiccionales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, generó los incentivos para revertir esa baja. En 2021, la reversión de tendencia fue ya clara y evidente con un aumento del 17% de la masa judicial respecto de 2019 y el ingreso de 80 mil juicios.
La ausencia de un cuerpo de peritos profesional, jerarquizado, convocado por concurso y con honorarios definidos por acto médico y no como porcentaje de la sentencia, constituye, junto al apartamiento del baremo a la hora de definir el daño, un claro incentivo a la litigiosidad. La demora en su constitución, a cinco años de la reforma, configura una asignatura pendiente inexplicable, que drena recursos que van a sobrecargar los costos de la justicia y a restarle competitividad al mercado laboral.
De aquí en más
En estos 26 años, nuestro país atravesó circunstancias internacionales y locales muy complejas. Sin embargo, podemos enorgullecernos de los consensos logrados entre gobierno, empresas, aseguradoras y trabajadores para preservar el sistema, encontrando a lo largo de su historia mecanismos para resolver las cuestiones que se fueran presentando.
El resultado es un sistema que da respuestas y que se convirtió en un servicio valorado y deseado por quienes no disponen de él. Para sostenerlo y seguir mejorándolo, debemos trabajar resolviendo lo pendiente: la constitución de los CMF y el calce apropiado entre servicios y financiamiento, como la más básica racionalidad económica impone.
Salvados estos puntos, el objetivo del sector es avanzar con la inclusión de autónomos y monotributistas.
Columna escrita por la UART.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube
